La reaparición de la violencia política en
Venezuela es un dato que debe llamarnos a preocupación. Durante
todo el Siglo XIX nuestro país se consumió en prolongadas guerras
civiles e intestinas. La nación sólo vino a recuperar la paz ya
entrado el Siglo XX como consecuencia de la refundación del Estado
nacional y la profesionalización del Ejército por parte del
General Juan Vicente Gómez. Desde entonces, los venezolanos hemos
gozado de una paz social y política casi absoluta, sólo agitada
por algunas turbulencias que siempre fueron conjuradas y resueltas
sin que nunca pusieran en peligro nuestra estabilidad institucional.
Por eso es preocupante que ocurran hechos como
los reseñados a propósito del presunto atentado en contra del
General en Jefe Raúl Isaías Baduel. El alto oficial, hoy en
condición de retiro, denunció que había sido atacado con armas de
fuego con la intención de asesinarlo. Pocos días antes, Baduel
había alertado sobre la posibilidad de que un hecho de esta
naturaleza pudiera ocurrir en contra de él o de su familia.
Es necesario que se investigue a fondo la verdad
en este caso. Si lo ocurrido al General Baduel no se trata de una
acción perpetrada por el hampa común (cosa que también es grave)
estaríamos muy posiblemente en presencia de un acto de violencia
motivado por razones de carácter político, lo cual sin duda sería
supremamente preocupante. Venezuela no tiene tradición en hechos de
estas características. Los sucesos de abril de 2002 ocurridos en el
centro de la ciudad de Caracas y los muertos de Plaza Altamira en el
año 2003 fueron eventos que conmocionaron a la opinión pública,
ya que de la violencia política en nuestro país tenía mucho
tiempo que no mostraba su feo rostro. Ahora, con el presunto
atentado en contra de este alto oficial, esperemos que no sea la
evidencia de que existen personas que están dispuestas a utilizar
el expediente del crimen político con propósitos inconfesables.
Que se investigue en profundidad este hecho. Ya
el propio General Baduel ha declarado que el CICPC de la
Subdelegación Turmero actuó de manea muy profesional en el
levantamiento de las evidencias respecto a este presunto atentado.
Todos deseamos que se precise qué hay detrás de esto y que además
se determinen las responsabilidades a las que hubiera lugar. Estamos
a tiempo de conjurar cualquier posible amenaza a la paz pública.
Veámonos en el espejo de Colombia, nación que experimentó en el
pasado, y aún hoy, los estragos de la violencia política. No
permitamos que las razones de la fuerza se impongan por encima de la
fuerza de la razón.