La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentó este miércoles 17 de enero una propuesta con cinco líneas de trabajo que tiene como objetivo recuperar el sistema educativo venezolano, destruido tras años de poca inversión por parte del Estado.
La iniciativa, desarrollada por profesores, investigadores, egresados y estudiantes de la Escuela de Educación de la UCAB durante el segundo semestre de 2023, contempla un plan de emergencia para enfrentar la deserción y el rezago pedagógico, construir más de 24.000 escuelas, atender socioeconómicamente a los maestros y preparar a más de 250.000 docentes para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad.
«Es hora de salir del diagnóstico y pasar a la acción. La educación venezolana no aguanta más demagogia», señaló el director de la Escuela de Educación de la universidad, Carlos Calatrava, durante una rueda de prensa en la que advirtió que el sistema educativo del país se encuentra en una fase de crisis terminal.
Explicó que la propuesta se enmarca en la necesidad de establecer un nuevo contrato social en materia educativa que involucre a la sociedad educadora y no solo al Estado, de forma que el país adapte la educación a las dinámicas y demandas propias del siglo XXI, tal como ha sugerido la Unesco.
«Este nuevo contrato por la educación supone la construcción de una pedagogía organizada a partir de los principios de cooperación, colaboración y solidaridad; procesos formativos centrados en aprendizajes vinculados con lo ecológico, lo intercultural y lo interdisciplinario; mayor profesionalización de la tarea de educar; escuelas como espacios de mayor inclusión, equidad y bienestar; así como el fortalecimiento de oportunidades que permitan el verdadero desarrollo del principio de educación a lo largo de la vida», comentó en referencia a los planteamientos de Naciones Unidas.
¿Cuáles son las cinco líneas de trabajo de la propuesta?
La propuesta supone una lista de políticas públicas con soluciones económicas, sociales y curriculares, para enfrentar problemas como la salida del sistema educativo de unos 4 millones de niños y adolescentes menores de 18 años; la deserción y emigración de casi 200.000 docentes; las deficiencias de los planteles y el deterioro del nivel de aprendizaje de los alumnos.
«El objetivo es lograr avances concretos para el año 2030, con la posibilidad de prorrogarse hasta 2050», mencionó Calatrava.
En ese sentido, los expertos han propuesto cinco acciones concretas, medibles y ejecutables a corto y mediano plazo, para que Venezuela pueda garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos:
- Asegurar que los venezolanos entre 0 y 18 años se integren a la escuela y culminen los niveles obligatorios en un sistema educativo público pertinente, de calidad, en democracia y libertad para el año 2050.
- Mejorar la actual planta física escolar y construir 24.513 nuevas escuelas correspondientes a los niveles obligatorios para 2030, prorrogable hasta 2050, a fin de garantizar el ejercicio del derecho humano a la educación.
- Cumplir con una acción colaborativa de formación de educadores con las universidades e institutos pedagógicos del país, que permita el logro para 2030 de 255.374 nuevos profesionales.
- Ejecutar planes curriculares de formación para el trabajo de calidad integrados en la dinámica propia de la Educación Media venezolana, como vía para la vinculación pronta de hombres y mujeres al mundo productivo de acuerdo con las necesidades del país en 2050.
- Alcanzar para 2050 la plena integración escolar e inserción laboral de las personas con discapacidad sin más limitaciones que las asociadas al desarrollo de su potencial y las oportunidades presentes del entorno, con miras a la construcción de una cultura y políticas inclusivas.
Con información de El Nacional
