16 de November del 2018

Organizaciones alertan que diáspora venezolana activó tráfico de personas

La semana pasada un medio de comunicación peruano informó sobre la redada policial que permitió liberar a dieciocho venezolanas y una peruana de una presunta organización de tráfico de mujeres, publicó el diario ABC de España.

Las mujeres se encontraban en un local, conocido como Al Fondo Hay Sitio, ubicado en el balneario de Zorritos de Tumbes, localidad peruana situada junto a la frontera con Ecuador, a la que en las últimas semanas han llegado miles de venezolanos huyendo de la compleja situación del país.

Según el medio peruano, “las mujeres rescatadas cayeron en manos de una presunta mafia y se convirtieron en víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual”.

Por desgracia, este no es un caso aislado, ni Perú el único país donde se producen este tipo de casos -en julio fueron detenidas dieciocho personas en la ciudad colombiana de Cartagena, acusadas de reclutar y vender a 250 mujeres y adolescentes para su explotación sexual.

Así lo denunciaron varias organizaciones en las últimas semanas, como el think tank Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia, que en su último informe, publicado en septiembre, se refiere a la vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones que habitan en las fronteras, donde existen múltiples economías ilegales “que van más allá del narcotráfico, como la minería ilegal, el tráfico de gasolina, el contrabajando, la trata de personas, la explotación sexual y el tráfico de inmigrantes”.

En un país, Colombia, donde está muy reciente la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc y en la actualidad se está en conversaciones con el ELN, y donde aún quedan grupos armados disidentes, el informe alertó sobre el riesgo al que se enfrentan los inmigrantes venezolanos de “ser reclutados” por estos grupos y de su incorporación “como mano de obra de diferentes economías ilegales”. También avisa sobre el mayor riesgo para las mujeres venezolanas de ser víctimas “de explotación sexual y de feminicidios», como consecuencia de «su vinculación al trabajo sexual y economías ilegales”.

“En las zonas fronterizas, el estado colombiano tiene muy poco control”, declaró Juan Carlos Garzón, presidente de FIP. “Para los emigrantes venezolanos la situación es muy complicada porque se enfrentan a grupos ilegales que se aprovechan de su vulnerabilidad. Hemos escuchado testimonios sobre explotación sexual y tráfico de mujeres”, dijo.

El documento realizado por la FIP corrobora una tendencia que ya denunció el mes pasado el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaria de la Mujer de Bogotá.

Según un estudio realizado por este organismo, y del que se hizo eco el semanario El Tiempo, el 35,7% de las mujeres que ejercen la prostitución en esa ciudad son extranjeras, de las que el 99,8% son de origen venezolano.

Durante las encuestas, las venezolanas comentaron a los investigadores que ejercían la prostitución ante la falta de otras salidas, a pesar de que el 33,1% de las consultadas tiene una educación universitaria. A esto se suma que la mayoría de ellas (el 84,5%) tienen familias que dependen de estos ingresos. Vía: Globovisión.

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