En Venezuela defender el ambiente se paga con la vida. Este año Global Witness, una oenegé británica ecologista, posicionó al país como el sexto del mundo y el quinto de América Latina con los números más altos de asesinatos contra líderes ambientales, por los cuatro registrados durante 2022. Y aunque al compararlos con los homicidios de los vecinos Colombia y Brasil, que sumaron ese año 60 y 34, respectivamente, la cifra venezolana es muchísimo menor, siguen siendo vidas perdidas y delitos impunes.
Esos cuatro asesinatos representan el 10% de los 40 que documentó el Observatorio de la Defensa de la Vida (Odevida) en la última década, entre 2012 y 2022, cuando se registraron en promedio cuatro cada año. 25 de ellos fueron a manos de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), narcotraficantes o bandas criminales. Otros 15 se atribuyen a fuerzas militares venezolanas, según dijo en entrevista con TalCual Raúl Cubas, coordinador de esa asociación.
Las estadísticas presentadas pueden quedarse cortas. Su organización lleva un conteo de asesinatos de personas identificadas como defensores del ambiente y de territorios. Sin embargo, muchas, aunque realizan la misma labor, prefieren tener un bajo perfil y no reconocerse como tal para protegerse a sí mismas y a sus familias. Además, Cubas dice que hay otros casos, a los que él denomina «borderline», de individuos asesinados que indirectamente fungen como ambientalistas o a quienes matan simplemente por vivir en territorios ocupados.
El Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerna) registró entre 2016 y 2020 al menos 30 masacres perpetradas en el estado Bolívar, varias de ellas fueron en zonas mineras y dejaron 217 indígenas asesinados. De hecho, desde 2008, ha habido un «incremento vertiginoso» de muertes violentas en municipios mineros del estado Bolívar, entre ellos Callao, Sifontes y Piar.
«Ocurren masacres donde los muertos son indígenas que viven en territorios donde se ejerce la minería y hay control de algún grupo externo armado irregular. Y ahí está también la disparidad de documentación y de enfoque (entre Odevida y el Cerna). Las dos situaciones son muy graves, sean específicamente defensores orgánicos del ambiente o de los pueblos indígenas, o si son indígenas que son asesinados por estar en territorio ocupado por los deseos de la minería», señaló Cuba.
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que «los defensores de derechos humanos ambientales están definidos por lo que hacen, pueden incluir periodistas, activistas o abogados que denuncian y se oponen a la destrucción del medio ambiente o la usurpación territorial». También entran en esa denominación «personas que viven en zonas remotas, que pueden incluso no ser conscientes de estar actuando como defensores de los derechos humanos ambientales».
Con información de La Patilla
