Protocolo de violencia sexual en hospitales no se aplica de forma masiva

El reglamento elaborado por el Ministerio de Salud, con apoyo de Unfpa y ONUSida, ayuda a evitar la revictimización, prevenir los embarazos no deseados y reducir el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual en los centros de salud del país. Aunque está vigente desde 2020, una consulta de Crónica.Uno en 20 hospitales del territorio encontró que sólo lo aplican en tres de ellos.

Una mujer con signos de abuso sexual llegó al servicio de ginecobstetricia del Hospital Universitario de Caracas en enero de 2023. La agresión se había cometido unas pocas horas antes en una fiesta. Luis*, el médico de guardia que la atendió, admite que en ese instante se paralizó. Era la primera vez que recibía un caso de violación.

Con dudas, acudió a una titular que le brindó orientación para proceder con la revisión clínica. Llevaron a la mujer a la unidad de atención para sobrevivientes de abuso sexual de la institución: una sala segura, limpia y adecuada, que resguarda productos de higiene, ropa e insumos médicos para atender estos casos. Le ofrecieron anticonceptivos de emergencia para la prevención de embarazo y antibióticos profilácticos y antirretrovirales, para reducir el riesgo infecciones de transmisión sexual. Le hicieron una entrevista clínica, abrieron su historia médica y le brindaron orientación legal.

“Estaba muy nervioso. Aunque manejas la teoría, sientes que no estás preparado porque es una situación muy fuerte. No quieres revictimizar a la persona. Gracias a la orientación de la doctora y al protocolo, pude ayudar a esta mujer”, relata.

Ese día Luis cumplió con el Protocolo para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual del Ministerio de Salud, un instrumento guía destinado a los equipos de salud de la red comunal y de los hospitales venezolanos para reducir consecuencias físicas, emocionales y mentales a las víctimas de violencia sexual, elaborado con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, según la Organización Mundial de la Salud. El organismo internacional destaca en su informe Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer la necesidad urgente de mejorar la atención a las sobrevivientes. “Estas mujeres a menudo buscan atención médica, sin revelar necesariamente la causa de sus lesiones o problemas de salud”, destaca el documento.

En Venezuela también son frecuentes los casos de abuso sexual, afirma Lelis Quintero, presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. “En todos los rincones ocurren estos casos. Desde los lugares rurales hasta los urbanos. El protocolo es una herramienta muy importante que tenemos a la mano para saber cuáles procedimientos son los correctos”, dice.

Los recientes indicadores de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Asociación Venezolana de Sexualidad Alternativa (Avesa), en los municipios más poblados de Apure, Sucre y Táchira, revelaron que 6,8 % de las 400 mujeres encuestadas asistirían a un centro de salud en caso de ser víctima de violencia sexual.

Después de atender a esa sobreviviente, Luis supo cómo manejar otros cuatro casos que llegaron durante el 2023 mientras él estuvo de turno, incluyendo el de una adolescente. Un empleado de seguridad del área de emergencia del Universitario de Caracas aseguró a Crónica.Uno que entre agosto y septiembre del año pasado vio ingresar a unas siete víctimas por violencia sexual.

Sin embargo, a diferencia de estos sobrevivientes, no todos los que acuden a instituciones sanitarias reciben una atención integral y sensibilizada.

Crónica.Uno recorrió 13 hospitales en la región capital y buscó información en siete centros de salud en los estados Zulia, Anzoátegui, La Guaira y Bolívar. Se halló que, además del Universitario de Caracas, este programa solo se cumple en el Hospital José María Vargas y en el Hospital Universitario de Maracaibo del estado Zulia.

Quintero, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, asegura que aunque la norma debería cumplirse a escala nacional, hasta la fecha no se conoce su alcance. La experta señala que en cada estado del país debería funcionar por lo menos un centro piloto del Protocolo para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual, en los que se debió impartir capacitaciones para su manejo y se habrían distribuido kits con insumos médicos para su aplicación.

El protocolo se concibió como un complemento de la Norma oficial para la salud sexual y reproductiva, publicada en 2003 en Gaceta Oficial N.º 37.705 bajo el Decreto Ministerial Nº 364, aseguró la Dra. Marisol Alvarado del Min. Salud, durante la presentación oficial del actual instrumento en diciembre de 2020.

Si bien, en su actualización de 2013, la norma establece lineamientos y recomendaciones a los establecimientos de salud para garantizar la atención oportuna del abuso y la explotación sexual, no profundiza en detalle en “el paso a paso” como el actual reglamento, explica Quintero.

“Teníamos una deuda con el personal de salud de las instituciones sanitarias venezolanas, de enseñarlos qué podemos hacer en el momento que nos llega un caso de violencia sexual”, señaló entonces la doctora Alvarado.

Crónica.Uno envió una solicitud de información al Ministerio de Salud para conocer el alcance de este programa en centros hospitalarios del país, pero hasta la publicación de este reportaje no se ha obtenido respuesta.

Un protocolo poco conocido

“La calidad en la atención que una víctima de violencia sexual reciba por parte del personal de salud, puede significar una diferencia muy importante para reducir los daños asociados a las violaciones”, describe el Protocolo para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual en su presentación.

Sin embargo, para que una sobreviviente de abuso sexual sea recibida en el Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño, de la parroquia El Paraíso en Caracas, debe llegar con heridas abiertas. De lo contrario, es referida a algún organismo de seguridad. “Si es menor de edad, recomendamos que acuda al Hospital de Niños”, dice un empleado administrativo, luego de consultar en el servicio de ginecología.

Una experiencia similar ocurre en el Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero de la parroquia Coche; en el Hospital Médico Quirúrgico Dr. Ricardo Baquero Gonzales, ubicado en Catia; y en el Hospital Pérez de León de Petare. En estas instituciones los casos ni siquiera se toman en cuenta, el personal desconoce las normativas.

Mientras que en los centros de salud donde sí atienden a las víctimas de abuso sexual, el protocolo se cumple a medias. En el Hospital Domingo Luciani de Petare los casos llegan a sala de parto y no a un espacio adecuado, como sugiere el instrumento. El titular de ginecobstetricia realiza la revisión física en una camilla cubierta por cortinas delgadas, donde la víctima queda expuesta. Luego se hace el enlace con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para proceder con la denuncia, como indica el protocolo.

Estos pasos en la atención primaria se repiten en otras siete instituciones sanitarias consultadas por Crónica.Uno. Solo el personal de salud del Hospital del Instituto Venezolano de Seguro Social del estado La Guaira mencionó la atención psicológica dentro de sus lineamientos.

Expertas de la Fundación Habla y del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Cedesex), asociaciones dedicadas a la prevención y erradicación del abuso sexual infantil y adolescente, explicaron que la mayoría de los casos de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes se descubren en medio de la consulta pediátrica. “En estos casos, lo primero que debe hacer el personal de salud es apartar a la víctima, es decir, el niño, la niña o adolescente, del entorno donde está el depredador sexual. Luego denunciar ante una autoridad competente”, dice María Isabel Cedeño, de la Fundación Habla.

Entre enero de 2020 y septiembre de 2023, el Ministerio Público registró un total de 20.220 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, informó el exfiscal Tarek William Saab.

Otro patrón común que arrojó el recorrido es la referencia al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), que sucede por temor del personal de salud a entorpecer el proceso legal. “Nosotros no podemos atender esos casos porque puede traer consecuencias legales. Es muy delicado”, dijo una enfermera del Periférico de Coche.

Sin embargo, la atención en esta institución puede que esté más orientada a la búsqueda de evidencias físicas que a la salud integral del sobreviviente, como ocurre en los órganos receptores de denuncia, explica Madgymar León, presidenta de Avesa.

“El personal de salud lo que debería tener en cuenta es cómo no alterar o eliminar algunas evidencias para que ayude a la investigación”, señala la médico forense Marisol González. Según el Protocolo para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual, las evidencias solo deben ser recolectadas cuando “existe la capacidad operativa para procesarlas”.

La ginecobstetra Priscilla Rodríguez, facilitadora del programa en el Hospital Universitario de Caracas, resalta que la adecuada atención a la víctima de abuso sexual depende de la seguridad y empoderamiento del personal de salud para recibir estos casos. Sin embargo, estas cualidades se obtienen a través de la sensibilización del personal. En esta institución estas actividades son supervisadas por el Ministerio de Salud.

Rodríguez, que recibe un promedio de dos víctimas al mes en su consultorio, fue formada por Unfpa con el fin de impartir talleres de capacitación que complementen el protocolo. Este organismo se ha encargado de llevar el contenido del programa hasta el interior del país. Para diciembre de 2020, ya había capacitado a personal de salud de los estados Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia, explicaron autoridades del Ministerio de Salud en su lanzamiento.

Entre los contenidos, Rodríguez, destaca: los tipos de violencia sexual, la atención integral a la víctima, el tratamiento médico, el acompañamiento psicológico, la ruta legal, la importancia del informe médico y el correcto llenado de la historia clínica.

Dotación insuficiente

Tras una agresión sexual, la atención durante las primeras 72 horas es crucial. En este período existe una “mayor tasa de efectividad” para prevenir un embarazo no deseado si se brinda anticoncepción de emergencia y el riesgo de contagio por VIH se reduce si se ofrece profilaxis posexposición, así lo indica el protocolo. El programa también recomienda otorgar tratamiento preventivo para Hepatitis B y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como Clamidia, Gonorrea y Tricomoniasis.

En el lanzamiento oficial del instrumento en 2020, se corroboró que el Ministerio de Salud serviría como organismo encargado de abastecer los hospitales a través de cajas para la atención de la violencia sexual con anticonceptivos de emergencia, antibióticos profilácticos y antirretrovirales para ITS. Marisol Alvarado, representante de la institución, aseguró que estos insumos indicados son parte del listado del organismo. “En este primer lanzamiento llegarán unos primeros kits apoyados por las agencias, pero eso más adelante no será limitante porque estos medicamentos forman parte de nuestros medicamentos esenciales”, puntualizó.

Sin embargo, tres años después de la presentación del instrumento, solo el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital José María Vargas y la maternidad Doctor Armando Castillo Plaza, adjunta al Hospital Universitario de Maracaibo del estado Zulia cuentan con estos kits. Esta última institución también tiene una farmacia con medicamentos e insumos necesarios para que médicos y patólogos cumplan con el protocolo, informó una enfermera a Crónica.Uno.

El personal del ambulatorio de La Guaira, donde funciona la Autoridad Única de Salud de este estado, confirmó que en el establecimiento ofrecen tratamientos para ITS, así como métodos anticonceptivos gracias a alianzas con la Gobernación. No obstante, desconocen el protocolo.

Como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que enfrenta el país, la dotación de insumos se ve afectada, asegura Gabriela Calvo, directora de desarrollo social de Voces de Género. Desde esta ONG monitorean los centros de salud para ayudar a las víctimas a ubicar la medicación de inmediato para evitar exponerlas a situaciones de revictimización.

“La víctima o su familiar debe buscar por su cuenta la pastilla de emergencia”, dice una doctora desde la sala de parto del Domingo Luciani.

Un blíster de anticonceptivo oral de emergencia para prevenir embarazo cuesta entre $3 y $25 en farmacias privadas del país. No todas las mujeres tienen recursos económicos ni acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos para adquirir este método de control, afirma Venus Faddoul, directora de la ONG feminista 100 % Estrógeno. Por lo que las sobrevivientes de abuso sexual están aún más expuestas a arriesgar su salud bajo prácticas de aborto inseguras y clandestinas. La ley venezolana no contempla el aborto en caso de violación, solo cuando se trata de “un medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”, suscribe el Código Penal.

Pero a diferencia de los anticonceptivos de emergencia, los antibióticos profilácticos y antirretrovirales para ITS no están a la venta en farmacias. Solo están disponibles en el país gracias a alianzas entre organismos internacionales y asociaciones civiles, explica Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Por lo tanto, su distribución en los centros de salud debería estar a cargo del Ministerio de Salud.

César Pacheco, coordinador de servicios de asesorías de Acción Solidaria, señala que, pese a que la asociación no cuenta con datos estadísticos, han recibido casos que dejan en evidencia que los centros de salud públicos no tienen tratamiento para ITS posexposición.

En marzo de 2023, Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), con el apoyo del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (El Fondo Mundial), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicaron el Directorio de Consultas de VIH y Farmacias dispensadoras de Medicamentos Antirretrovirales con atención en VIH/Sida en Venezuela, para apoyar a las personas interesadas en obtener información sobre estos servicios sanitarios que se ofrecen sin costo alguno, adscritos al Ministerio de Salud y localizados en los 24 estados venezolanos.

Se estima que unos 92.000 venezolanos viven con VIH, según cifras de ONUSida. Para el 2022, 60.765 personas dispusieron de tratamiento, informó la directora de la oficina en Venezuela, Regina López de Khalek, lo que significa un incremento de más de 3000 pacientes que en 2021.

Mientras el Protocolo para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual no se ejecute en los centros de salud del país, las víctimas de abuso sexual seguirán expuestas a la vulneración de su integridad física, mental y emocional. Lelis Quintero asegura que, actualmente, ninguna institución gubernamental hace seguimiento ni evaluación nacional del programa para su cumplimiento.

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