China aprobó actualizaciones a una ley sobre secretos de Estado ya de por sí estricta, con lo que amplía el alcance del tipo de información que se consideraría un riesgo para la seguridad nacional en la segunda mayor economía del mundo.
Los cambios elevan los riesgos para las compañías extranjeras que operan en el país. En el último año, China ha puesto en la mira a consultores y ejecutivos de empresas en casos de espionaje, en el marco de una campaña para limitar la difusión de la información que buscan inversores y empresas extranjeras.
Las enmiendas a la ley de secretos de Estado, aprobadas el martes por el máximo órgano legislativo chino y que entrarán en vigor en mayo, incluyen un nuevo concepto jurídico denominado “secretos de trabajo” o laborales. Se definen como información que no es oficialmente un secreto de Estado, pero “causará ciertos efectos adversos si se filtra”, según el texto de la ley.
“La ley es imprecisa y la definición de secreto de Estado es tan amplia que podría incluir cualquier cosa que el partido del Estado decida”, dijo Diana Choyleva, economista jefe de Enodo Economics con sede en Londres, especializada en China. “También complicará aún más la vida a las empresas extranjeras y a sus empleados establecidos en China”.
Choyleva indicó que muchas empresas quedarán atrapadas en un estado de “parálisis” mientras esperan a ver cómo aplica China las nuevas disposiciones de la ley.
Es el más reciente ejemplo de una mayor vigilancia de la seguridad del Estado bajo el liderazgo de Xi Jinping. En los últimos años, China ha reforzado progresivamente sus leyes de seguridad nacional y de intercambio de datos, al tiempo que advertía de los riesgos del espionaje al abrigo de los negocios.
Pero el reforzamiento de las leyes de seguridad nacional de China ha inquietado a muchas empresas e inversores extranjeros. Muchos de los cambios aplican un criterio poco claro y expansivo de lo que constituiría un riesgo para la seguridad nacional, lo que plantea la posibilidad de que las normas se apliquen de forma arbitraria.
La represión ha aumentado los retos de invertir en China en un momento en que la inversión extranjera directa en el país ha caído a sus niveles más bajos en tres décadas, ya que las empresas están cada vez menos dispuestas a soportar las contrapartes de operar en China para una economía que ya no crece a pasos agigantados.
Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, señaló que los cambios en la ley de secretos de Estado se producían una semana después de que el gabinete del país, el Consejo de Estado, indicó que una de las prioridades del año era atraer más inversión extranjera apuntalando la confianza de los inversores.
«El ámbito de las cuestiones consideradas ‘sensibles’ parece ampliarse constantemente, lo que dificulta a las empresas el acceso a la información necesaria para tomar decisiones de inversión relacionadas con sus operaciones en China», afirmó en un comunicado.
La ley de secretos de Estado se aprobó inicialmente en 1988 y se modificó en 2010, cuando China impuso requisitos más estrictos a las empresas de Internet y telecomunicaciones para que cooperaran con la policía, los funcionarios de la seguridad del Estado y la fiscalía en la investigación de filtraciones de secretos de Estado.
El Partido Comunista, que gobierna China, determinó que la ley necesitaba actualizarse debido a los avances de la ciencia y la tecnología, que creaban “nuevos problemas y desafíos” para mantener la confidencialidad, según declaró a los medios estatales un funcionario de la Administración Nacional de Protección de Secretos de Estado.
Con información de Infobae
