La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, instó el lunes 15 de abril a Ecuador a proteger la vida del exvicepresidente Jorge Glas, recluido en una cárcel de máxima seguridad desde el pasado 6 de abril tras la violenta incursión de la Policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito.
La CIDH manifestó en un comunicado «su preocupación por los hechos relacionados con la intrusión de la Embajada de México en Quito» y llamó a la «observancia de las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y las que rigen el asilo diplomático en la región».
Asimismo, instó a Ecuador «a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Jorge Glas, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH».
La Comisión Interamericana recordó que el 31 de diciembre de 2019 decidió «otorgar medidas cautelares a favor del señor Jorge David Glas Espinel en los términos del artículo 25 de su Reglamento».
En esa ocasión solicitó al Estado ecuatoriano adoptar «las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de Glas, que fue vicepresidente entre 2013 y 2017, durante el periodo presidencial de Rafael Correa (2007-2017), y también a inicios del mandato de Lenín Moreno (2017-2021).
La CIDH había conminado a Ecuador a aplicar las medidas «más apropiadas» a las circunstancias personales de Glas, quien había solicitado un año antes la intervención de la CIDH cuando estaba en prisión por dos condenas en firme por cohecho y asociación ilícita.
La Comisión Interamericana buscaba «proteger los derechos» de Glas, quien entonces requería de «tratamiento y atención médica» ya que estaba «supuestamente expuesto a amenazas dentro del centro penitenciario».
En su escrito de este lunes, la CIDH asegura que el Estado ecuatoriano «ha informado periódicamente sobre la implementación de las medidas cautelares dispuestas por la Comisión, pero remarcó que, «aunque las circunstancias del señor Jorge Glas han cambiado, las medidas cautelares permanecen vigentes hasta la fecha».
Además, la CIDH anunció que ha tomado nota de la resolución de condena a la intrusión policial ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, emitida el pasado 10 de abril por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual forma parte.
La declaración de la OEA también convoca a reconocer la importancia del respeto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y a «cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Viena y la Convención de Asilo Diplomático de 1954».
Glas se encontraba en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre y días más tarde solicitó asilo para que se le reconozca como perseguido político, al rechazar todas las imputaciones y condenas en su contra, que califica de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
Posteriormente se ordenó su captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de la reconstrucción posterior al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos).
Adicionalmente, le faltaba todavía acabar de cumplir una pena de ocho años por las condenas de cohecho y corrupción que no terminó de purgar cuando a finales de 2022 salió de la cárcel gracias a una resolución judicial de medidas cautelares.
La irrupción a la fuerza en la Embajada de México, cuando Glas ya había recibido el asilo, ha sido declarada ilegal y arbitraria por un tribunal de Ecuador, y el Gobierno mexicano ha roto relaciones con el país andino y lo ha denunciado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar violado el derecho internacional y su soberanía nacional.
Con información de EFE
