El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, advirtió este viernes de que las amenazas con “represalias” que se están lanzando contra el tribunal y su personal socavan la “independencia e imparcialidad” de su trabajo, y también “pueden constituir un delito contra la administración de justicia”.
El fiscal exigió en un comunicado que “todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en sus funcionarios cesen de inmediato” y alertó de que amenazar al tribunal, incluso cuando “no se actúa en consecuencia”, puede “constituir un delito contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma”, tratado fundacional de la CPI.
Khan aseguró que su equipo “busca comprometerse constructivamente con todos los interesados siempre que dicho diálogo sea coherente con su mandato” y para actuar de manera “independiente e imparcial” bajo el Estatuto.
“Sin embargo, esa independencia e imparcialidad se ven socavadas cuando individuos amenazan con tomar represalias contra la Corte o contra el personal de la Corte en cumplimiento de su mandato, toman decisiones sobre investigaciones o casos dentro de su jurisdicción”, agregó, sin mencionar a ningún país en concreto.
El tratado de la CPI “prohíbe explícitamente” tanto «tomar represalias contra un funcionario de la Corte por cuenta de los deberes realizados por ese u otro funcionario» como «impedir, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte con el propósito de obligarlo o inducirlo a no cumplir, o realizar de manera indebida, sus deberes».
Con información de EFE
