El pasado domingo 2 de junio, la administración de Nicolás Maduro volvió a desalojar otro centro de reclusión para sumar ocho cárceles cerradas desde octubre de 2023.
En esta oportunidad, fue el Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar, mejor conocido como la cárcel de La Planta.
De acuerdo con la ministra de asuntos penitenciarios, Celsa Bautista, en dicho espacio habilitarán la Unidad Técnica de Orientación y Supervisión N°1 del Distrito Capital, de la Dirección General de Regiones para los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal.
En entrevista para el programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, recordó que la capital del país ya sufrió el cierre de los retenes de Catia y La Planta, y el penal de El Junquito, cuando hay 10 cortes de apelaciones, 52 tribunales de control, 30 tribunales y 17 tribunales de apelación.
“Caracas se quedó sin cárceles”, cuestionó.
De acuerdo con Prado, es probable que ahora a los reclusos los trasladen a penales como Yare, El Rodeo o Las Crisálidas. “Todos los presos de Caracas van hacia otros estados. Se viola la Constitución porque nadie puede ser juzgado fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito”, añadió.
El defensor de Derechos Humanos señaló que ahora éstos privados de libertad sufrirán mayor retraso procesal porque los presos en cárceles de otros estados no serán trasladados a los tribunales de Caracas para sus juicios.
Con mala alimentación y sin atención médica en las cárceles
Por otro lado, Prado denunció que a los reclusos les quitaron sus pertenencias y medicinas, dejándolos en una condición aún más vulnerable en la que se violentan sus derechos humanos.
“Los privados de libertad tenían aproximadamente tres meses sin consumir proteínas porque, desde que se registró una fuga en el penal, el nuevo director restringió el ingreso de este tipo de alimentos. Por ende, su ingesta diaria era a base de arroz y granos como frijoles o caraotas, lo que hizo que algunos reclusos perdieran mucho peso en muy poco tiempo”, había denunciado el OVP en una nota de prensa.
“De igual forma se conoció que los presos no tenían acceso a atención médica adecuada”, agregó.
Cuestionó que durante 25 años con esta nueva Constitución y 11 años con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no se ha resuelto el problema del retardo procesal, del hacinamiento, la corrupción, el tráfico de armas y drogas, salud ni alimentación.
Con información de Radio Fe y Alegría
