Los actos discriminatorios y violentos en contra de las personas de la población de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) ocurridos en los centros comerciales del Sambil forman parte de un patrón visible, aseguró Yendri Velásquez, activista por los derechos de las personas LGBTIQ+.
El pasado sábado, 8 de junio, un usuario de la red social X (antes Twitter) denunció que vigilantes del Centro Comercial Sambil de La Candelaria lo discriminaron mientras paseaba con su novio agarrado de la mano.
El usuario detalló en la publicación que un vigilante los abordó y alegó que no podían agarrados de la mano dentro del centro comercial. El video se viralizó en redes sociales y despertó la indignación de integrantes de la población LGTBIQ+. Además, propició una polémica sobre el uso del espacio público.
Mientras que, el día domingo, 9 de junio, un grupo de activistas realizaron una “besada” dentro del Sambil La Candelaria para rechazar los actos discriminatorios ocurridos el día sábado hacia la comunidad LGBTQI+, actividad que terminó en agresión física y verbal.
Velásquez afirmó que dentro de los espacios del centro comercial Sambil se han vuelto recurrentes los actos de discriminación contra las personas de la población LGBTIQ+ al hacer uso de zonas públicas y de entretenimiento.
El activista precisó que estos hechos actos discriminatorios en centros comerciales, como el Sambil, representaron 36 % de los actos de discriminación que verificó en su registro del año 2023 el Observatorio Venezolano de Violencioas LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+), ONG que coordina desde hace dos años.
El OVV LGBTIQ+ documentó al menos 461 casos de violencia contra personas LGBTIQ+ en 2023. Más de la mitad de estos actos fueron discursos discriminatorios, con 235 casos (50,98 %)
Sin respuestas
Velásquez indicó que las víctimas de estos actos discriminatorios han emitido cartas directamente a las gerencias de los distintos centros comerciales. “En la ciudad de Maracaibo las personas entregaron dos cartas, igualmente en Paraguaná”.
El activista informó que ninguna de las agresiones cometidas durante el 2023 se había denunciado ante instancias públicas como el Ministerio Público.
“Lamentablemente, el Sambil, los consorcios de los centros comerciales y las autoridades del Estado no han dado respuestas a las víctimas. Lo que ha generado que no exista ningún tipo de protección al derecho a la no discriminación de las personas LGBTIQ”.
Recordó que no es la primera vez que un caso de discriminación en el Sambil se hace viral a través de las redes sociales, como el ocurrido La Candelaria . “La política del Sambil propiamente ha sido de complicidad antes estos hechos por su silencio como institución privada”.
Velásquez aseveró que como activistas no exigen que los empleados sean despidos, pero que las personas de seguridad – quienes normalmente cometen los actos – reciban formación y sensibilización sobre la no discriminación.
Falta de políticas
El activista argumentó que la repetición de estos hechos denota la ausencia de políticas de inclusión y prevención de la discriminación por parte de la administración de los centros comerciales en Venezuela.
Puntualizó que estas políticas deben integrar a los distintos sectores de la sociedad, pues son un factor clave para la prevención y el abordaje de los casos. Pero, sobre todo, son fundamentales para lograr cambios estructurales y alcanzar la igualdad de derechos.
“Estas medidas no solo deben incluir políticas de prevención, las cuales contemplen la formación y sensibilización a sus funcionarios, también protocolos posteriores. Es decir, si llega a suceder un caso de discriminación, cómo va a actuar la empresa pública o privada y cuáles son los estándares para atender los casos”, sostuvo.
Velásquez insistió en que se deben realizar campañas informativas y formaciones en comunidades, con las que se eduque a la población sobre la diversidad y la empatía.
El derecho de admisión
Velásquez aclaró que el derecho de admisión “no es una excusa para discriminar”. Este derecho existe para proteger un espacio o una persona que pueda estar expuesta a un hecho violento.
Por eso, cuestionó que en Venezuela algunas instituciones lo usen para limitar el ingreso de algunas personas a ciertos lugares y se escudan de que es una protección a la discriminación.
Cuando impiden el acceso u obstaculizan el entretenimiento y recreación de las personas por su color de piel, apariencia física o por ser homosexual, es discriminación en cualquier escenario”.
Con información de crónica uno
