El vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) e investigador, Gustavo García, expresó que las instituciones educativas no deberían pagar el 9% del tributo dirigido a los pensionados.
En ese sentido, comentó que han hecho diligencias ante el Seniat para que el sector educativo quede fuera del pago de este impuesto a los pensionados.
Apuntó que el impacto de este tributo sería similar en las universidades, dado que son instituciones de servicios y porque son entidades sin fines de lucro.
«El único mecanismo que te queda es trasladar el costo de este tributo por la vía del precio a las familias», sumó al tiempo que indicó que la UCAB tiene un año sin incrementar la matrícula de estudio.
García resaltó que «es un tributo que le hace poco favor a las instituciones educativas en términos generales. El impacto en Fe y Alegría es muy profundo».
Derecho a la educación
Por su parte, la miembro del consejo directivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández, añadió que este nuevo impuesto «viola el derecho a la educación», puesto que «es un servicio público» administrado por el Estado venezolano o por el sector privado.
Sostuvo que las instituciones educativas en el país son asociaciones civiles sin fines de lucro «porque prestan un servicio y no desarrollan actividades económicas».
«Se ha violentado la normativa legal trasladando a la familia venezolana el impuesto y el Estado está evadiendo su responsabilidad como garante del derecho a la educación», destacó.
Hernández exhortó en el Circuito Éxitos 99.9 FM al Estado venezolano que no incluya al sector educativo «porque no genera actividades económicas con fines de lucro».
Con información de Banca y Negocios
