La directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, emitió un comunicado dirigido a los presidentes de Brasil, Colombia y México en respuesta a las propuestas que han hecho ante la crisis política en Venezuela.
En el texto, expresó su preocupación a las propuestas de repetir las elecciones, confiar en el Tribunal Supremo de Venezuela para resolver el resultado de las elecciones y conceder una “amnistía general”.
“Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico”, comenzó Goebertus Estrada su rechazo al primer punto.
“Tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio, incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte del gobierno”, agregó.
A esto sumó que “desde las elecciones, el gobierno de Maduro ha tomado medidas para que cualquier proceso electoral sea aún más injusto. Ha detenido a miembros de la oposición, amenazado con encarcelar a González y la líder de la oposición María Corina Machado, aprobado una ley que otorga al gobierno amplios poderes para cerrar ONG, y propuesto leyes para restringir aún más la observación electoral internacional”.
Sin embargo, señaló que pese a rechazar esta idea, “coincidimos con sus gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos».
“Aunque rechazamos la idea de repetir las elecciones, como en otros países, eso requeriría garantizar la participación de personas con opiniones políticas diversas, incluyendo aquellos aliados de Maduro en diferentes instituciones del Estado venezolano como la Asamblea Nacional y las gobernaciones. También requeriría el fin de la persecución arbitraria de los líderes de la oposición y otros críticos, y la liberación de todas las personas que permanecen detenidas arbitrariamente”, agregó.
“Instamos a VV. EE. a seguir centrando sus esfuerzos en estas iniciativas y en garantizar el respeto a la voluntad popular reflejada en las elecciones del 28 de julio”, dijo.
El rol del Tribunal Supremo de Justicia
La directora de Human Rights Watch celebró la postura tomada por los presidentes de esperar la publicación de las actas electorales aún luego de la sentencia del TSJ.
“En efecto, varios expertos venezolanos han cuestionado si la Sala Electoral del Tribunal Supremo era el órgano competente para resolver este caso. Asimismo, un gran número de autoridades internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coinciden en que el Tribunal carece de independencia y credibilidad”, señaló.
Con información de Radio Fe y Alegría
