China demandó este lunes a la Unión Europea (UE) ante el mecanismo de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles impuestos por el bloque a los vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático, que entraron en vigor la semana pasada.
El Ministerio chino de Comercio informó de que la querella busca “salvaguardar los intereses del desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos y la cooperación global en materia de ‘transformación verde’”.
China ya había recurrido en agosto pasado al mecanismo de disputas de la OMC por las medidas preliminares tomadas por la UE en respuesta a los subsidios que reciben los fabricantes chinos de coches eléctricos, pero esta nueva demanda se refiere a la medida final de aplicar los aranceles.
“Es lamentable ver a la parte europea anunciar su decisión final (…) a pesar de las numerosas objeciones de actores relevantes como gobiernos de estados miembros, industrias y la opinión pública”, indicó el Ministerio.
Los nuevos aranceles entraron en vigor el pasado 30 de octubre, fecha en la que este mismo departamento aseguró que «ni está de acuerdo ni acepta» la decisión de Bruselas, que para el Gobierno chino infringe «gravemente» las normas de la OMC y carece «de base objetiva y legal».
El Ejecutivo comunitario aplicará un arancel del 35,3 % al fabricante chino SAIC (MG y Maxus, entre otras marcas), del 18,8 % a Geely y del 17 % a BYD, durante un máximo de cinco años.
La medida también afectará a las empresas occidentales que producen en China, como la estadounidense Tesla, a la que se va a aplicar un arancel del 7,8 %, mientras que a otras que han cooperado con la Comisión en la investigación que ha llevado a cabo antes de aprobar los aranceles se les impone una tasa del 20,7 %.
La UE dio este paso porque considera que, pese a la división que genera entre los Veintisiete, recibió el apoyo suficiente en la votación que los gobiernos de la UE celebraron a principios de mes: cinco países se opusieron a la aplicación de los aranceles (entre ellos, Alemania), diez los apoyaron y doce se abstuvieron (España fue uno de ellos).
La Comisión aseguró que suspendería los aranceles en caso de llegar a un pacto con China durante los próximos cinco años, pero precisó que no los cancelaría, para así ganar tiempo y volverlos a aplicar si Pekín incumpliese ese hipotético acuerdo, sin necesidad de volver a pedir el visto bueno de los Veintisiete.
En represalia, China ha anunciado en los últimos meses investigaciones sobre las importaciones de brandy, lácteos o carne de cerdo desde la UE. Esta última podría ser especialmente perjudicial para España, ya que es el principal suministrador de los productos señalados a China.
Con información de EFE
