La violencia y la delincuencia absorben casi el 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe (ALC), agotando fondos que podrían destinarse a la educación y la asistencia a las personas vulnerables, mostró un informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
Más allá de lo humano, el costo de la delincuencia asciende a casi el 80 % de los presupuestos públicos de la región para educación, el doble de lo que se gasta en asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo, mostró el estudio del BID, que utiliza datos de 2022 y se publicó el lunes.
La delincuencia «limita el crecimiento, impulsa la desigualdad y desvía la inversión privada y pública. Debemos aunar y redoblar esfuerzos para cambiar esa realidad», dijo el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en un comunicado.
El estudio calcula el costo directo de la delincuencia en tres ámbitos: la pérdida de capital humano en forma de tiempo productivo, el gasto en mitigación del delito por parte de las empresas y el gasto público en prevención de la delincuencia y justicia penal.
En 2022, los gastos de seguridad de las empresas privadas representaron el 47 % del costo total de la delincuencia, mientras que el gasto público en prevención del delito representó el 31 % y la pérdida de capital humano el 22 %.
A modo de comparación, un conjunto de datos de Polonia, Irlanda, República Checa, Portugal, Países Bajos y Suecia mostró que sus costos son un 42 % inferiores a los de la región.
Si se alcanzara los niveles de sus homólogos europeos, la región dispondría de cerca del 1 % del PIB para invertir en bienestar social y otros programas, según el BID.
Un estudio paralelo del Fondo Monetario Internacional cita a América Latina como responsable de un tercio de los homicidios a nivel mundial a pesar de tener menos del 10 % de la población del planeta, siendo especialmente costoso el crimen organizado.
«La presencia de bandas y el narcotráfico amplifican los costos de hacer negocios», señala el informe del FMI. «Un novedoso análisis de empresas mexicanas sugiere que los costos por daños de la delincuencia son cuatro veces superiores para las empresas que denuncian la presencia de bandas en sus inmediaciones».
El costo fiscal para los gobiernos también es considerable, según el FMI, que afirma que el gasto en orden público y seguridad en la región se sitúa en promedio en torno al 1,9 % del PIB.
«Aunque gastar más en seguridad y desplegar más policías parece contribuir a reducir la delincuencia, es probable que otros factores sean más importantes en la región, y que la eficiencia del gasto desempeñe un papel fundamental».
«Por ejemplo, a pesar de la elevada proporción de gasto en el poder judicial, la capacidad de los tribunales para castigar los delitos sigue siendo escasa».
Entre las propuestas políticas, el FMI afirma que la región debería establecer una «plataforma regional de conocimiento» para recopilar, intercambiar y analizar datos, junto con la difusión de las mejores prácticas sobre respuestas eficaces en materia de política económica y de seguridad.
Con información de Tal Cual
