Una plataforma que representa a comunidades afectadas por la minería en Sudáfrica denunció “el trato inhumano” que han recibido los mineros ilegales rescatados tras más de dos meses atrapados en una mina de oro en el noreste del país, en la que murieron 88 personas, y acusó a las autoridades de cometer “una masacre”.
“El trato brutal e inhumano de pacientes gravemente enfermos, la negación de servicios de atención médica a cientos de personas rescatadas que muestran signos visibles de inanición, junto con el acoso continuo a los voluntarios (…), pinta un panorama escalofriante de esfuerzos estatales deliberados para obstaculizar la justicia”, señaló en un comunicado remitido a EFE este martes la asociación Comunidades Afectadas por la Minería Unidas en Acción (MACUA, por sus siglas en inglés).
Tras meses de presión policial en la Mina de Oro de Buffelsfontein (BGM), en la localidad de Stilfontein, para forzar a salir a la superficie a cientos de mineros ilegales -reacios a subir por temor a ser detenidos o por estar retenidos contra su voluntad por mafias-, el pasado día 10, el Tribunal Superior de Pretoria ordenó el rescate, que se produjo la pasada semana.
En la operación, fueron rescatados vivos por la Policía 246 mineros ilegales -conocidos localmente como ‘zama-zamas’ (expresión coloquial en lengua zulú que significa ‘arriesgarse’ o ‘intentarlo de nuevo’) y se recuperaron 78 cuerpos, a los que deben sumarse otros nueve cadáveres sacados en las semanas anteriores y un minero fallecido en el hospital tras ser rescatado.
En el citado comunicado, MACUA pidió una “comisión de investigación exhaustiva” para garantizar que el Estado sudafricano “rinda cuentas por la violación grave del derecho a la vida de hombres pobres y marginados como una solución a la crisis socioeconómica causada por su propio mal gobierno y corrupción”.
Según la asociación, los informes oficiales han minimizado la gravedad de la situación de muchos de los mineros, que presentan complicaciones “graves” resultantes de meses de malnutrición, incluidas enfermedades metabólicas, hematológicas, inmunológicas e infecciosas.
Así, aunque el Departamento de Salud de la provincia del Noroeste, donde sucedieron los hechos, aseguró que solo seis mineros fueron hospitalizados tras el rescate, MACUA elevó la cifra a 23 y aseguró que los médicos que les han atendido “nunca habían visto este nivel de desnutrición”.
La plataforma también denunció que muchos de los detenidos están siendo tratados de forma “degradante” -por ejemplo, con una pierna encadenada a la cama- y recluidos en un antiguo pabellón psiquiátrico con puertas cerradas y guardias armados.
De hecho, destacó MACUA, los propios médicos que han tratado a los mineros han presentado quejas contra este trato, ya que limita los movimientos de los mineros y aumenta su riesgo de sufrir trombosis.
La Policía sudafricana rechazó este martes las acusaciones formuladas por la asociación y afirmó en un comunicado que “diariamente, los miembros del SAPS (Servicio de Policía de Sudáfrica) realizan inspecciones en las celdas de detención (…) y los que requieren atención médica son derivados e ingresados en un hospital local”.
Otras organizaciones, como el Sindicato de Trabajadores de Industrias Generales de Sudáfrica (GIWUSA), ya denunciaron durante el rescate la implicación del Estado en la crisis.
“Stilfontein se ha ganado de forma decisiva la infamia permanente de ser el lugar de la peor masacre urdida por el Estado en la era posterior al (régimen segregacionista del) apartheid”, declaró a medios locales el presidente de GIWUSA, Mametlwe Sebei.
Una operación gubernamental
Por su lado, el Congreso Nacional Africano (CNA), principal partido del Gobierno de coalición al que pertenece el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, indicó en un comunicado difundido el lunes que el número de muertos en la mina “es lamentable”, pero destacó que la minería ilegal “no puede tolerarse”.
“El Gobierno y el Estado deben actuar contra la delincuencia. Así que, en este caso concreto, lamentamos la pérdida de vidas, pero debe respetarse el Estado de derecho”, dijo el secretario general del CNA, Fikile Mbalula .
La crisis en Stilfontein, donde una infinidad de túneles subterráneos conectan diferentes pozos mineros, saltó a los titulares el pasado octubre, cuando la Policía sudafricana bloqueó el suministro de agua y comida después de meses tratando de forzar la salida de los mineros para detenerlos.
Esta medida se enmarca en la operación policial ‘Vala Umgodi’ (‘Cerrar la mina’, en zulú), puesta en marcha en diciembre de 2023 para atajar la minería ilegal en el país y que había propiciado, a fecha del pasado noviembre, la detención de más de 13.690 sospechosos en siete provincias.
Además de los riesgos que conlleva, la minería ilegal hace mella en la economía sudafricana y supone enormes pérdidas de ingresos tanto para el Gobierno como para la industria minera del país.
Con información de EFE
