La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, se comprometió este jueves a “hacer realidad” un pasaporte específico para proteger a niñas y mujeres que viajen a países donde se practica la mutilación genital femenina, una forma de violencia que sufren más de 230 millones de mujeres en el mundo, especialmente en regiones de África y Asia.
“El pasaporte contra la mutilación genital femenina es un instrumento en el que hay que detenerse, me comprometo con él, puede servir en el corto plazo”, aseguró Redondo en un acto en Madrid por el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF).
“Hacer realidad ese pasaporte puede salvar a esas niñas de un futuro mutilado”, aseveró la ministra, que recordó que esta forma de “violencia extrema” supone una “salvaje vulneración de derechos humanos contra las mujeres”.
Según las organizaciones convocantes, que componen la Red Estatal Libres de MGF y otras violencias machistas, el documento permitirá a las personas con menores a su cargo que viajen a países donde se practica la mutilación demostrar a sus familias y comunidades que en España esta práctica es un delito grave, castigado con varios años de prisión, así como alertar de las consecuencias sociosanitarias que la ablación tiene para sus hijas.
Esta herramienta se uniría al vigente “compromiso preventivo”, un proceso por el que los progenitores se comprometen a que su hija pase por una exploración del pediatra antes y después de viajar al país de origen, con el fin de constatar que los genitales de la niña no han sufrido ningún daño físico.
Redondo subrayó que aunque las mutilaciones se hayan reducido en un tercio en los últimos años, el objetivo mundial para 2030 sigue siendo la erradicación total de esta práctica, que “no tiene justificación”, ya que “ni cultura, ni la tradición, ni la historia justifican la mutilación genital femenina”.
Pese a los avances, la Red Estatal Libres de MGF recuerda a Igualdad que “la aplicación de políticas de atención, prevención y sensibilización sigue siendo insuficiente” en España y que la actual ley contra la violencia sexual “no cubre adecuadamente a todas las personas afectadas, especialmente a aquellas que, habiendo sido víctimas de MGF, llegan a España en busca de protección”.
Con información de EFE
