La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se avocó al conocimiento de un expediente que se tramitaba en Zulia sobre una controversia surgida entre socios del grupo empresarial Farma Expres.
Tal decisión está contenida en la sentencia 00988 redactada por el magistrado Malaquías Gil y firmada por sus colegas Juan Carlos Hidalgo Pandares y Emilio Ramos González.
Los magistrados acordaron avocarse al conocimiento del expediente porque consideran «que existió un desorden procesal en la tramitación de la presente causa’’.
En la sentencia quedaron identificados los protagonistas de la controversia que actualmente se dirime por tribunales civiles: de un lado, Sahar Carolina Boudakka y del otro Mouhamed Douglas Charaf Yundi. Ambos iniciaron una sociedad desde hace 10 años aproximadamente para proveer productos farmacéuticos en Zulia mediante la instalación de una red denominada Farma Express en la referida entidad occidental.
Pero en el año 2023, Mouhamed Douglas Charaf rompió la sociedad al registrar como suyo el nombre de Farma Express DCH. De allí que su socia Sahar Boudakka interpuso una demanda ante el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, dirigida contra Mouhamed Douglas Charaf Yundi porque ‘’con intención dolosa, abusiva y de mala fe y presentando una documentación incompleta ante los funcionarios del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) falseando la realidad, por cuanto ocultó información de los demás socios y propietarios que integran la sociedad mercantil y sus fondos de comercio, registró como suyo el nombre de Farma Express DCH, y de manera unilateral dicha marca, cuando en realidad la misma pertenece a los tres socios primitivos…’’.
Tales alegatos quedaron explanados en la sentencia del TSJ que ordenó trasladar el expediente a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la región Capital.
La extorsión
Previo a la decisión del TSJ, Sahar Boudaka había formulado una denuncia ante la Fiscalía Superior del Zulia contra Mouhamed Douglas Charaf, porque éste presuntamente les exigió la suma de 2 millones de dólares a cambio de no cerrarles las sucursales de Farma Express regentados por ellos.
Esa acción ocurrió una vez que les notifican de un lapso de 30 días para cambiar el nombre de las farmacias por otro que no guarde similitud al que Mouhamed Douglas había registrado.
‘’Una vez que se nos notifica sobre dicha situación, mi hermano Samer Boudakka El Safadi, recibe llamada vía WhapsApp del ciudadano Mouhmed Douglas donde nos advirtió que si no cerrábamos la sucursal de Indio Mara, que nos la íbamos a ver con él, que nosotros lo conocíamos a él perfectamente y de lo que él es capaz y que la única solución a este enredo…era que le paguemos la cantidad de 2 millones de dólares; que él tiene el poder de cerrar la sucursal por la fuerza de ser necesario pero que le pagábamos o asumíamos las consecuencias’’, narró la denunciante en su escrito consignado ante el Ministerio Público.
Tal denuncia fue desestimada por el Ministerio Público y así lo dejó reflejado en un documento que entregó la fiscal auxiliar interina 67 contra la Legitimación de Capitales, Laura Betzabe Corcuera Ávila, al Circuito Judicial Penal del Zulia.
La fiscal Corcuera Ávila dice que la denuncia formulada por Sahar Boudaka no reviste carácter penal, sino que se trata de una controversia entre socios de un grupo empresarial la cual debe ser tramitada en instancias civiles. En tal sentido la fiscal Corcuera Ávila le solicita al Poder Judicial desestimar tal denuncia ‘’para no permitir que el aparato del Estado sea utilizado caprichosamente sin existir hechos con connotaciones penales que así lo ameritan, tal y como ocurre en el caso de autos’’. Efectivamente el Tribunal Sexto de Control del Zulia acogió el planteamiento de la Fiscalía y desestimó la denuncia de Sahar Boudaka.
Pero luego de esas consideraciones, el Ministerio Público citó para imputar a la denunciante y otros socios del grupo empresarial Farma Express, esto a petición de Mouhamed Douglas Charaf, quien denunció situaciones similares, es decir, de naturaleza civil, según explicaron fuentes del sistema judicial.
Realizadas las imputaciones por parte del fiscal José Gregorio Linares Monsalve, no se produjo detención alguna de los imputados, es decir, Sahar Boudakka y Analy González, entre otros.
Los procesados advierten que existe criterios contradictorios que emplea el Ministerio Público a la hora de abordar este expediente. Primero desecharon la denuncia contra Muohamed Douglas porque no revestía delitos penales (‘’hechos delictivos’’) y debía seguir encausándose por tribunales civiles; pero luego imputan a socios del grupo empresarial a petición del referido sujeto quien a su vez los denunció en el marco de la controversia por el uso de un nombre comercial.
Alertaron que lo ocurrido es obra de la mafia judicial existente en Zulia la cual fue denunciada recientemente por el ministro de Interiores, Diosdado Cabello cuando informó la detención del fiscal superior de esa entidad, José Gregorio Rondón Muñoz y del presidente del Circuito Judicial Penal, Pedro Velasco Prieto, entre otros.
Cabello ha dicho en distintas comparecencias ante medios de comunicación, que esa estructura delictiva era dirigida por el empresario José Enrique Rincón quien huyó a España al verse descubierto en un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
El Ministro complementó dicha información al develar una red de tráfico de drogas como mecanismo para financiar dichas actividades conspirativas. La droga provenía de Colombia, ingresaba al Lago de Maracaibo y llegaba al Mar Caribe con rumbo a Estados Unidos, según la ruta expuesta por Cabello.
Tras develarse esa red, fueron capturados siete alcaldes del Zulia presuntamente comprometidos en esa estructura delincuencial. Hasta ahora se han incautado en Zulia 31 mil 750 kilos de droga perteneciente a la denominada red de narcoalcaldes, según reportes.
Con información de ÚN
