Según un informe de la Organización Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas, los migrantes venezolanos aportaron más de $10.600 millones en consumo en Latinoamérica, principalmente en inversión en vivienda, alimentos, educación y servicios de salud. Esto refleja la forma en que millones de personas participan activamente en las economías locales, sostienen negocios y fortalecen los mercados internos.
El informe compila estudios realizados desde 2021 en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Aruba, y señala que los emprendimientos liderados por personas venezolanas han revitalizado barrios, generado empleo y aportado dinamismo a sectores clave, como la gastronomía, el comercio, el turismo y la tecnología. En Panamá, los negocios de personas venezolanas han creado cerca de 40.000 empleos, mientras que en Aruba han contribuido a movilizar inversiones superiores a 1.100 millones de dólares.
Ese aporte también se extiende al ámbito fiscal. En el conjunto de países analizados, las personas venezolanas representan alrededor del 1,2% de la recaudación tributaria, y solo en Colombia han llegado a pagar 529 millones de dólares en impuestos en un año. Son recursos que regresan a las comunidades, fortaleciendo servicios públicos que benefician a toda la población.
Adicionalmente, las personas venezolanas cuentan con una sólida formación técnica y profesional. En un contexto en el que ciertos países enfrentan escasez de mano de obra en determinados sectores, este talento representa un recurso clave para aumentar la productividad, impulsar la innovación y fortalecer la competitividad de los países de acogida.
Durante años, la migración ha estado en el centro del debate público en América Latina y el Caribe. Muchas veces se asocia a desafíos y se considera un fenómeno que requiere contención. Sin embargo, la realidad en los países de acogida cuenta otra historia: cuando se gestiona con una visión inclusiva, la movilidad humana puede convertirse en una poderosa fuerza de desarrollo.
La presencia de millones de personas venezolanas en la región ha demostrado que la migración no solo implica retos, sino también capacidades, conocimientos, resiliencia y una enorme voluntad de contribuir. A diario, estas personas participan en la vida económica, social y cultural de sus comunidades de acogida: trabajan, emprenden, alquilan viviendas, envían a sus hijos a la escuela, consumen bienes y servicios, y crean nuevas conexiones sociales. En pocas palabras, forman parte activa del tejido que mueve economías y sociedades.
Parte de este potencial se ha materializado gracias a los esfuerzos de los países de acogida para promover iniciativas de regularización y documentación. Hoy, cerca del 70% de las personas venezolanas en América Latina y el Caribe cuenta con un estatus migratorio regular, lo que les ha permitido integrarse gradualmente, conseguir empleos y participar cada vez más activamente en la economía local.
Aun así, persisten desafíos. La alta informalidad laboral, las dificultades para acceder a créditos bancarios y las barreras en el reconocimiento de títulos educativos siguen limitando las posibilidades de miles de personas.
Cambiar esta realidad requiere que los gobiernos de la región mantengan y profundicen las políticas de regularización, documentación e inclusión que han promovido hasta ahora. Facilitar que las personas migrantes accedan a servicios financieros, aprovechen sus capacidades y se abran paso hacia el empleo digno y el emprendimiento no es solo un gesto de solidaridad, es una apuesta estratégica por economías más fuertes, comunidades más cohesionadas y un futuro más próspero.
Cuando se abren puertas, toda la región avanza. La migración no es una carga. Bien gestionada, es una de las fuerzas más poderosas para impulsar el progreso.
Con información de El Estímulo
