La situación del gremio del transporte en Venezuela es insostenible, ya que el último ajuste de la tarifa resulta insuficiente para cubrir los gastos operativos, alertó este lunes José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto. El dirigente planteó una serie de propuestas urgentes para aliviar la crisis, entre las que destaca el anclaje del pasaje a USD 0,50 centavos y una revisión profunda de la política de subsidios.
Montoya enfatizó que la propuesta gremial contempla que el Estado sustituya el actual modelo de subsidio indirecto por la creación de un bono de transporte de entre USD 30 y 40, destinado específicamente a estudiantes y adultos mayores.
Esto permitiría que estos sectores paguen la tarifa completa, mientras se equilibran los costos operativos que, según señaló, hoy superan la recaudación diaria. La medida se inspira en los antiguos mecanismos de financiamiento de la extinta Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur).
En paralelo, el gremio exige una solución definitiva a la crisis de combustible: la eliminación del sistema de biopago (conocido como “la huella”). “El sistema de la huella no es una solución para los transportistas. Perdemos demasiado tiempo y se discrimina a gran parte del sector”, rechazó Montoya.
El dirigente aclaró que el sector no busca “gasolina regalada”, sino condiciones óptimas para trabajar. Propuso un precio del litro de combustible entre USD 0,20 y 0,25 centavos, a cambio de garantizar el libre acceso a cualquier estación de servicio sin restricciones ni las actuales pernoctas forzosas. “Este problema de estar madrugando para pasar la huella realmente limita y agota al sector”, fustigó.
Asimismo, Montoya también resaltó la necesidad de que la banca pública y privada reactive las carteras de crédito para la modernización de la flota, envejecida y en estado crítico.
Además, denunció la retención injustificada de 12 vehículos de transporte desde hace dos años, los cuales han sido rotulados por instituciones policiales sin base legal. “Esos vehículos tienen dueños y se los están quitando a personas trabajadoras”, reprochó. Hizo énfasis en casos de urgencia humanitaria, como el de una paciente oncológica y un conductor que requiere una prótesis de cadera, cuyas unidades están retenidas.
Por otra parte, el sector exige a la Fiscalía y al Estado la liberación inmediata de estos activos y atención a sus demandas. Montoya reiteró que los transportistas están comprometidos con el país, pero condicionan la continuidad y estabilidad del servicio público a la implementación urgente de estas políticas.
Con información de Sumarium
