A más de un mes del doble terremoto que sacudió al país, el presidente de la Comisión Presidencial para Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés, ofreció un mensaje de tranquilidad a los damnificados señalando que ninguna edificación será derribada sin el aval de los afectados.
Durante un balance de gestión, el funcionario enfatizó que el Estado prioriza el rescate de pertenencias y el duelo de los deudos por encima de cualquier procedimiento técnico.
«La primera instancia siempre es la respuesta de los familiares. Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar», recalcó Garcés, en medio de la polémica por las miles de viviendas marcadas con etiqueta roja que podrían ser demolidas.
Aunque admitió que La Guaira concentrará el mayor número de derrumbes planificados, insistió en que la decisión final será consensuada y basada en estudios éticos y profesionales.
El reporte oficial reveló que, de las 32.485 inspecciones realizadas a nivel nacional, 7.147 edificaciones recibieron etiqueta roja (alto riesgo), mientras que 7.199 fueron clasificadas como amarillas y 18.139 como verdes (habitables).
En Caracas, con 17.832 revisiones, apenas 11.946 estructuras son seguras; en La Guaira, de 10.552 inspeccionadas, 2.373 están en rojo, y en Miranda, 224 requieren atención prioritaria.
Garcés detalló que ya se prepara una segunda fase de análisis más profundos para las estructuras críticas, donde se definirá si serán reparadas o demolidas según criterios especializados, no por decreto.
«El objetivo es diagnosticar si son habitables o no, pero siempre con transparencia y en coordinación con alcaldías y gobernaciones», afirmó.
Asimismo, destacó que el Plan Venezuela Renace ya comenzó a rehabilitar viviendas en zonas populares y que se extenderá progresivamente.
«Hay un Estado comprometido en dar respuesta, con solidaridad y capacidad técnica», sentenció, sin ofrecer plazos para las próximas etapas de reparación masiva.
Con información de Sumarium
