La Administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, inició los trámites para cerrar el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, el sitio de detención de migrantes más grande de ese país.
Este centro tiene capacidad para albergar a 2.400 migrantes. Las autoridades señalaron que para su reemplazo dotarán otros centros de inmigración de la región con 1.600 camas.
Los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retienen a los migrantes que ingresan al país de forma irregular y examinan su situación para decidir si los liberan en EE UU a la espera de una audiencia judicial o si son deportados.
Está previsto que la instalación, que abrió sus puertas durante el gobierno de Barack Obama, cierre totalmente a finales de este verano.
El ICE aseguró que el principal motivo del cierre es que el centro está administrado por un contratista penitenciario privado y es “el centro más caro de la red nacional de detención”. La agencia alegó que poner nuevas camas a otras instalaciones será más económico.
Originalmente el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas estuvo destinado a albergar familias que cruzaban juntas la frontera para instalarse en EE UU. Sin embargo, debido a la crisis migratoria que ha presentado el país, desde 2021 solo aloja a hombres solteros.
Críticas por el cierre del centro de detención de migrantes
El exdirector de la oficina de campo del ICE, John Fabbricatore, aseguró en unas declaraciones a The New York Post que la decisión muestra no solo un “error de juicio, sino un acto deliberado de amnistía por inacción”.
De acuerdo con el exfuncionario, la política de Biden de restringir la solicitudes de asilo es una estrategia política para calmar a aquellos sectores antimigración ante las venideras elecciones presidenciales.
Fabbricatore cuestionó que la Administración de Biden ha cerrado e inutilizado varios centros de detención privados en uno de los momentos con mayores índices migratorios en EE UU.
El director interino de ICE, Patrick J. Lechleitner, aseguró que el cierre proporcionará un aumento general en el espacio para camas y operará en o por encima del requisito mínimo de 41.500 camas. Agregó que también aumentarán los vuelos de deportación.
La política que restringe las solicitudes de asilo
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el 4 de junio una orden ejecutiva que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre.
Esa orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses.
Los funcionarios detallaron que quienes lleguen a la frontera una vez que se supere el umbral de 2.500 estarán sujetos a “un estándar significativamente más alto” para calificar para el asilo. En concreto, los migrantes deberán demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen.
Los funcionarios argumentaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado. Sin embargo, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de “horas” o “días”.
En ese caso, la situación variará dependiendo de su nacionalidad. Aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos de EE UU con las autoridades mexicanas.
Con información de El Diario
