Este martes se aprobó el informe final de la Comisión Especial para investigar la participación de los Partidos Políticos y Representantes de la Legislatura de 2016 – 2021, en el «despojo» de la empresa venezolana corporación petrolera CITGO, documento que se remitió a la Fiscalía para que comience una investigación y se determine la responsabilidad penal de los involucrados.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, subrayó que se deben establecer de inmediato todas las responsabilidades políticas, administrativas y penales. «La gran importancia que tiene este informe es que es una investigación profunda, meticulosa y que queden clara las responsabilidades de cada quien, en esta gigantesca trama de corrupción», expresó.
Las recomendaciones de la Comisión fueron desglosadas de la siguiente manera:
1- Se remite el informe al Ministerio Público para que se inicie la investigación para determinar la responsabilidad penal indivual de todos los involucrados, así como partidos políticos, directivas y ONG.
2- Remitir este informe al Servicio Autónomo de Registro y Notarías, contentivo del listado de los responsables implicados para identificar su registro de propiedades y bienes con el fin de que aplique la Ley de Extinción de Dominio y la ley para la protección de bienes en el extranjero.
3-Instar a la Procuraduría General de la República para que efectúen solicitud de medida cautelar innominada por daños y perjuicios a la República ante la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de pedir la prohibición de enajenar y gravar de los bienes que existen en Venezuela, así como congelamiento de cuentas bancarias contra todos los involucrados que orquestaron el despojo y robo de CITGO.
4- Instar a la Fiscalía para que se solicite ante los tribunales penales orden de aprehensión y se emita alerta roja de Interpol contra todos los responsables involucrados que orquestaron el «despojo» de Citgo.
5- Se remite a la Contraloría General de la República a los fines que se inicie la determinación de responsabilidad administrativa e inhabilitación política de cargos públicos de todos los integrantes que «usurparon cargos», bajo el falso gobierno interino apoyados por partidos políticos de oposición.
6- Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio sobre todos los involucrados en la trama.
7- Publicación de los relacionandos con la corruptela.
Con información de Unión Radio
