Varias asociaciones de migrantes alertaron este lunes de los peligros de la retirada del ‘parole’ en Estados Unidos, un permiso temporal humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que beneficia a más de medio millón de personas, y que además de separar familias, debilitará la economía estadounidense.
«La sociedad en general pagará por esto con las interrupciones laborales, con el impacto en la economía de Florida y la economía de otros estados», dijo en una conferencia de prensa en Miami el director de acción política del Movimiento de Red de Acción Familiar (FANM, en inglés), Paul Christian Namphy.
Namphy lamentó así el fallo del pasado viernes del Tribunal Supremo estadounidense, que permitió la retirada de este programa migratorio que otorgaba permiso de residencia legal a más de 530.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en Estados Unidos.
«Lo consideramos una decisión cruel porque impactará vidas, trastornará familias y causará estragos en cientos de miles de personas y sus familias», agregó.
En la rueda de prensa convergieron varias asociaciones de migrantes, incluido el Caucus Venezolano Americano, la Coalición de Inmigrantes de Florida, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos y el Proyecto Libertad de Miami, además de líderes religiosos o comunitarios, que trataron de poner voz a la situación de los afectados.
El ‘parole’ humanitario fue creado bajo el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), y permitía a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, siempre y cuando gozaran del patrocinio de un residente legal en Estados Unidos.
Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a EE.UU. bajo este programa.
Muchos de los beneficiarios habían huido de la violencia en sus países de origen, por lo que la suspensión del programa migratorio les fuerza a regresar o a quedarse en Estados Unidos al acecho de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para su deportación.
Pese a que el fallo del Supremo limitará de sobremanera el margen de actuación de las asociaciones y de los migrantes, por la vía legal, para sortear la medida, Namphy aseguró a EFE que uno de sus objetivos a partir de ahora será sensibilizar a los estadounidenses.
Con información de EFE
