Diversos sectores legales y organizaciones sociales en Panamá encienden las alarmas ante presuntos abusos cometidos durante la Operación Omega, desplegada desde el 14 de junio en la provincia de Bocas del Toro. La intervención policial, que movilizó a más de mil 300 efectivos para contener las protestas contra la Ley 462, ha generado serios cuestionamientos por parte de defensores de derechos humanos.
Abogados que integran la defensa de manifestantes señalaron que las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales, y que en varios casos no se conoce el paradero de los arrestados, quienes habrían sido trasladados a otras provincias del país. La falta de información oficial obstaculiza el acceso a defensa legal y agrava la incertidumbre sobre las condiciones de reclusión.
En respuesta al clima de tensión, el Consejo de Gabinete restableció la aplicación del artículo 23 de la Constitución panameña, suspendido durante el estado de emergencia. La decisión ha sido duramente criticada por juristas, al considerar que contradice tratados internacionales y atenta contra el principio de legalidad de las detenciones, en momentos en que se reporta un aumento de arrestos irregulares.
El equipo legal a cargo de los casos denunció que al menos 70 ciudadanos retenidos en Changuinola fueron reubicados en centros de detención en la provincia de Veraguas. Testimonios recogidos por la abogada Lirieth Rodríguez revelan presuntos malos tratos, entre ellos golpizas, privación de alimentos e incluso agresiones sexuales.
Desde el Ministerio de Seguridad no se han emitido declaraciones sobre las condiciones de reclusión ni han confirmado la identidad de todos los detenidos. Según el abogado Gonzalo Mocada, persiste un vacío de información oficial que impide conocer la situación jurídica de los arrestados, lo que genera preocupación sobre la suspensión de garantías fundamentales como el habeas corpus.
A esta situación se suma el pronunciamiento del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que rechazó el bloqueo de comunicaciones en Bocas del Toro, medida que considera lesiva al ejercicio periodístico y a la libertad de información. A través de su Programa de las Américas, el CPJ instó al Ejecutivo a restituir los derechos constitucionales y a cesar las amenazas contra comunicadores.
El Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y organizaciones humanitarias internacionales también expresaron su respaldo al pueblo panameño, al exhortar a la comunidad global a mantenerse vigilante ante lo que califican como una crisis multidimensional que afecta el tejido democrático, institucional y social del país.
Con información de VTV
