Ante el anuncio dado por la ministra de Educación, Yelitze Santaella, de cambiar los epónimos de 6 mil 415 instituciones a nivel nacional, la coalición sindical del estado Lara sostiene que esta medida representaría un gasto administrativo para instituciones.
Romel Escalona, representante de Simprotec, manifestó que una vez cambiado el nombre de una escuela, el proceso administrativo al que debe someterse la institución es complejo y muy costoso porque se tienen que modificar los sellos, los códigos de registro y el historial de toda la institución en el que se incluyen notas y constancias de grados de los exalumnos.
La profesora, Dulce Meléndez, afirmó que «no se puede caer en eso de quitar y poner nombres sin antes valorar el legado de los personajes que ya están colocados y evaluar la propuesta del sustituto».
El gremio fue convocado a una reunión el 15 de abril con representantes de la Zona Educativa, para conocer el número exacto de instituciones a modificar su epónimo.
Con información de La Prensa de Lara
