En un operativo binacional que culminó con éxito tras una exhaustiva investigación de ocho meses, las autoridades colombianas y venezolanas lograron la captura de una mujer que durante años abusó sexualmente de sus tres hijas y comercializó los videos a través de internet. La detención se produjo el 14 de marzo en Ureña, estado Táchira, a escasos 300 metros del lugar donde once días antes habían sido rescatadas las menores.
La investigación, liderada por el Centro Cibernético Policial de la Dijin en coordinación con Interpol Caracas, permitió desarticular una red de explotación infantil que operaba desde 2023, cuando la madre grabó a sus pequeñas entonces de 7, 11 y 13 años, mientras eran abusadas sexualmente, para posteriormente comercializar el material en plataformas digitales.
Todo comenzó en junio de 2025, cuando unidades especializadas en ciberdelitos identificaron 24 videos e imágenes de abuso sexual infantil circulando en internet. El análisis de los metadatos contenidos en el material audiovisual permitió establecer que las grabaciones habían sido realizadas en Bucaramanga, información que posteriormente fue corroborada mediante entrevista forense a una de las víctimas.
Los investigadores también hallaron 12 perfiles en Facebook y TikTok asociados a las niñas y a su agresora. El minucioso cotejo de características morfológicas como tatuajes, lunares y marcas de nacimiento visibles en los videos, resultó determinante para confirmar la identidad de la responsable.
El 28 de enero de 2026, las autoridades de ambos países lograron identificar plenamente a la madre, estableciendo además que las menores habían cursado estudios durante 2025 en Cúcuta, Norte de Santander.
Cuando las pesquisas comenzaron a cerrarse, la mujer emprendió la fuga. El 26 de febrero abandonó su trabajo como costurera en Bucaramanga y cruzó la frontera hacia Ureña, en Venezuela. Sin embargo, el trabajo coordinado entre las autoridades permitió mantener su rastro.
El 4 de marzo se logró el restablecimiento de derechos de la primera hermana en Cúcuta. Inmediatamente se activó una notificación azul de Interpol, mecanismo de cooperación internacional que facilitó la localización de las otras dos menores, rescatadas el 13 de marzo en Ureña.
Lo que la mujer no esperaba era que su escondite estaba prácticamente al lado del lugar donde sus hijas fueron puestas a salvo. Las autoridades la localizaron en una vivienda familiar de su actual pareja sentimental, a solo 300 metros del sitio del rescate, capturándola al día siguiente.
Este 16 de marzo, la agresora será imputada en Venezuela por delitos asociados a abuso sexual infantil en internet, de acuerdo con la legislación de ese país. Las penas por estos crímenes podrían superar los 18 años de prisión, según informaron fuentes judiciales.
El caso ha conmocionado a las autoridades de ambas naciones y pone de relieve la importancia de la cooperación internacional para combatir delitos que trascienden las fronteras.
Paradójicamente, este aberrante caso se conoce en medio de estadísticas que muestran una leve disminución en los delitos sexuales contra menores en Colombia. Según cifras de Medicina Legal, en enero de 2026 los exámenes médico-legales por presunto delito sexual en población infantil y adolescente registraron una reducción del 14,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Los reportes preliminares indican que el total de casos pasó de 1.102 en enero de 2025 a 938 en enero de 2026, lo que representa 164 casos menos. Sin embargo, el análisis detallado por género confirma que las niñas y adolescentes continúan siendo el grupo más vulnerable ante este tipo de violencia, lo que obliga a mantener y fortalecer las estrategias de prevención y persecución de estos delitos.
Las tres hermanas rescatadas se encuentran bajo protección del Estado y reciben atención psicosocial especializada mientras se adelantan los procesos legales correspondientes.
Con informatización de Sumarium
