La creciente entrada ilícita de carne porcina está poniendo en riesgo alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos en toda la cadena de producción, procesamiento y comercialización, aparte de generar potenciales riesgos de salud público, por lo que el Estado Mayor contra el Contrabando está generando una estrategia para terminar con esta situación.
En este sentido, la Vicepresidencia de la República creó un espacio interinstitucional para combatir este flagelo y los delitos económicos transfronterizos.
El Estado Mayor Contra el Contrabando, activado ante el Consejo Nacional de Economía Productiva, ha coordinado varios esfuerzos entre el Gobierno y los productores para eliminar el contrabando de diversos rubros, entre los que destaca el de carne porcina de los Estados Unidos y Canadá, el cual conlleva nocivos impactos sobre la economía y la vida nacional.
Aunque las autoridades oficiales no revelan cifras concretas sobre la entrada ilegal de carne porcina, se estima que miles de kilos de este producto entran diariamente el país, básicamente por la frontera del estado Táchira.
La información oficial indica que el Gobierno ha logrado importantes resultados, a través de la prohibición de la entrada ilegal de salchichas y embutidos del Brasil (productos no regulados sanitariamente), pero ahora, carne porcina, que puede llegar a tener hasta dos años almacenada, ha comenzado a entrar al país.
Dicho producto no tiene los permisos sanitarios correspondientes, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los venezolanos.
«Mano de hierro» contra el contrabando
El presidente Nicolás Maduro Moros ha afirmado que “el contrabando es muy nocivo para el productor nacional, por lo que la FANB tiene que identificar dónde están las mafias del contrabando”.
Ante esto, el ministro de la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que la FANB ya está movilizada y lista para desplegarse en esta nueva operación como parte de una estrategia que calificó como “mano de hierro contra el contrabando”.
El funcionario anunció la instalación de un conjunto de puntos a lo largo de la frontera en el territorio nacional donde se desplegarán las acciones logísticas anti-contrabando, las cuales involucran a todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, la aparición de cargamentos de carne de cerdo procedentes de EEUU y Canadá afecta de manera grave al sector cárnico porcino y pone en riesgo alrededor de 100.000 puestos de trabajo que, directa o indirectamente, dependen de esta área económica y alimenticia.
Las vías de entrada
Los cargamentos de carne de cerdo entran al país no solamente por la frontera terrestre con Colombia, particularmente por los estados Táchira y Zulia, sino también se ha identificado que una parte llega al país vía puertos a través de esquemas “puerta a puerta”.
Estos lotes de carne de cerdo carecen de control sanitario de las autoridades venezolanas y, en algunos casos, no cumplen con la cadena de frío y, por lo tanto, pueden generar graves problemas a la salud de la población.
Las autoridades adscritas al Estado Mayor Contra el Contrabando han detectado que esta carne de cerdo se está triangulando hacia Venezuela de manera ilegal, donde además de violar cualquier parámetro de bioseguridad, se agrega el agravante de ser un producto que en algunos casos puede llegar a tener más de dos años de almacenamiento.
Este problema comenzó a ser evidente en 2022, cuando carne importada desde EEUU y Canadá, sin ningún tipo de identificación legal, era vendida en diversos expendios de comida.
Los productores porcinos de EEUU y Canadá han estado muy afectados los últimos dos años por un exceso de oferta de carne, y han implementado la práctica de dumping para drenar parte de ese exceso de oferta de carne de cerdo hacia otros países, entre ellos Venezuela.
El dumping se considera una práctica comercial desleal que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción.
Adicionalmente, esta carne de cerdo que entra vía contrabando no asume los mismos costos ni cargas fiscales de la cadena productiva nacional, lo que pone en riesgo la viabilidad económica y continuidad operativa de los productores locales.
Cabe destacar que el sector porcino venezolano cuenta con capacidad más que suficiente para cubrir plenamente la demanda nacional de carne de cerdo.
Gobierno nacional atento
La vicepresidenta Delcy Rodríguez definió tres ejes de acción en la lucha contra el comercio ilegal: uno, el control en las fronteras y sobre el territorio, el cual, dijo, es responsabilidad del Estado; dos, el control en los anaqueles para evitar que los comerciantes ofrezcan productos de contrabando a los consumidores, que definió como una responsabilidad de los empresarios; y tres, campañas de información dirigidas a los consumidores sobre los impactos sobre la salud de productos que están llegando a Venezuela, sin cumplir normas sanitarias ni requerimientos de las leyes venezolanas.
El sector porcino se ha sumado con ideas y propuestas a la lucha contra el contrabando, el comercio ilegal y la defensa de la producción nacional y sus representantes destacan el rol que el Estado Mayor Contra el Contrabando tiene para fortalecer la producción y el valor agregado nacional.
La afectación al sector porcino y a otros sectores vinculados sería inmediata, con pérdidas muy elevadas que para recuperarse requerirían al menos dos o tres años y fuertes inversiones.
Los riesgos potenciales a los que está expuesta la economía nacional debido al contrabando se puede resumir en pérdida de miles de empleos productivos, disminución importante en ingresos fiscales por parte del Estado venezolano, posibles problemas de salud de la población por falta de control sanitario y un duro golpe a la soberanía alimentaria.
Con información de Banca y Negocios
