27 de enero del 2022

Casos de femicidios en la región andina siguen alertando al país ante el silencio de las víctimas

De enero a septiembre la Comisión ULA-Mujer contabilizó 24 casos de feminicidio en la región andina: 10 en el estado Mérida, 7 en Táchira y 7 en Trujillo. Mientras que a nivel nacional las cifras alcanzaron las 207 mujeres asesinadas bajo el contexto de femicidio. Solamente en septiembre de este año, ocurrieron 30 femicidios en el país, es decir, un femicidio por día.

El año pasado, durante los primeros 10 días de enero de 2020, se registraron 8 feminicidios en todo el país, 2 de estos en el estado Mérida: la niña Anubis Contreras, de 10 años de edad, sufrió violación y múltiples heridas en el cuello. Su cuerpo fue hallado metido dentro de un saco en un garaje. Y la adolescente Geraldine Quintero, de 16 años, cuyo cadáver carbonizado fue encontrado dentro de un maletín.

Tal como lo describe el informe realizado por la Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (Comisión ULA-Mujer) “en Mérida y en toda Venezuela, la ancestral y mundial discriminación y violencia contra mujeres y niñas continúa estando en vigor, pese a los esfuerzos educacionales y los múltiples tratados internacionales sobre esta materia desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Según informa ONU-Mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas está presente en todos los países y se denuncian muchos menos casos de los que realmente ocurren. Además, nuevos datos revelan que este tipo de violencia continúa aumentando en el contexto de la pandemia del Covid-19”.

Yolima Arellano, coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, núcleo andino, explicó que “desde 2015, la sociedad venezolana ha estado expuesta a una situación de emergencia humanitaria, que converge en lo que se ha denominado ‘crisis humanitaria compleja’, cuyos efectos han incidido progresivamente en la depauperación de la calidad de vida de la población y en la garantía de sus derechos humanos, situación que se ha agravado desde la aparición de la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, generándose una contracción económica en todos los aspectos que ha impactado de forma significativa y específica a las mujeres, niñas y adolescentes”.

De acuerdo al informe presentado por la comisión ULA-Mujer, la violencia se incrementa constantemente, y aunque en los estratos más pobres de la sociedad muestra los niveles más altos, hay mencionar que estos hechos no tienen límites sociales, culturales, raciales o económicos, por lo que ningún individuo podría estar exento a presenciar o ser víctima de violencia o atentados contra la seguridad física, intelectual o sexual.

Redes de atención

En Mérida existen varias redes de atención a las mujeres víctimas de violencia. Una de esas instancias es el Instituto Merideño de la Mujer y la Familia, ente estatal que trabaja en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. La Red Naranja, la comisión ULA Mujer, la organización Loto Azul, el Centro de Justicia y Paz, entre otros, son algunas de las organizaciones que luchan por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Los registros del Instituto Merideño de la Mujer no son alentadores. Se presentan decenas de denuncias de mujeres agredidas por parte de sus cónyuges y que fueron bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. Se hace referencia a que influyen factores como la situación económica y social (la escasez de alimentos, la falta de empleo y de recursos económicos dentro del hogar).

Los casos se siguen presentando a diario, muchas veces denunciados por las propias víctimas, pero también ocurre que las denuncias son retiradas por las propias mujeres por amenazas de sus parejas o por el miedo de las víctimas, ya que están bajo el dominio económico de sus parejas.

Sin justicia

Ante la ausencia de atención y protección, las mujeres agredidas deciden no seguir con el procedimiento respectivo del caso, no asisten a las audiencias, no responden llamadas y, por tanto, el caso termina siendo archivado por fiscalía.

En este sentido, Yolima Arellano indicó que las mujeres víctimas de violencia de género no logran acceder a recursos judiciales y la respuesta por parte de los tribunales de violencia contra la mujer es cada vez más deficiente, con procesos judiciales más largos, con dilaciones indebidas y existe una constante revictimización de las mujeres que denuncian, además del sobreseimiento de las causas.

“La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) no cuenta con un reglamento que unifique los procedimientos de atención a las víctimas, y no existe capacitación en género para todos los operadores de justicia que están constantemente en rotación, bien sea por la migración o la insuficiencia de funcionarios”, precisó. Incluso, no hay datos oficiales públicos sobre hechos de violencia. Desde 2016 no hay estadísticas que permitan diagnosticar las causas e implementar correctivos.

Muchos casos han quedado sin respuestas en Mérida. Solo el dolor de familiares y amigos se mantiene vivo. Un caso que conmovió a los merideños fue el de Yusleidy Salcedo.

“El 14 de mayo de 2021, la juez Anny Rangel, dictó sentencia absolutoria a ocho hombres acusados por feminicidio y violencia sexual contra Yusleidy Salcedo, adolescente de 17 años que fue violada y estrangulada el 8 de agosto de 2016, en el municipio Pueblo Llano del estado Mérida”.

El repudio general de los familiares, la población y las ONG de derechos humanos, ante el cúmulo de irregularidades del juicio, obligó a que el Ministerio Público interpusiera una apelación de efecto suspensivo e impedir la libertad de los imputados. El asesinato de Yusleidy Salcedo había sido encubierto por los culpables como un suicidio.

No obstante, por reclamos de familiares y organizaciones sociales, en 2019 el caso fue reabierto y ocho hombres fueron imputados por el delito de violación y feminicidio. Así lo informó en rueda de prensa, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), comisario Douglas Rico, quien, además de dar nombres y edades de los imputados, señaló que los agresores, habían ingerido licor.

“Proceden a abusar sexualmente de esta adolescente las 8 personas y una vez que culminan su horrendo hecho, proceden a darle muerte asfixiándola para evitar que ella delatara lo que había sucedido, simulando que dicha adolescente se había ahorcado con una sábana que cuelgan de una ventana, cuando en verdad es uno de los sujetos que la asfixia con sus manos, y proceden todos a inventar toda esa simulación”, se reseña en el informe elaborado por ULA Mujer.

Los abusos a los que son sometidas las mujeres a diario en el mundo, ha motivado una jornada de activismo por 16 días durante este mes de noviembre para detener la violencia contra la mujer. Miles de organizaciones dicen este año pinta el mundo de naranja y detengamos la violencia.

 

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