La Embajada de China en Santiago de Chile condenó el grave ataque incendiario que este domingo afectó a una de las empresas eléctricas chinas en el país austral y pidió al gobierno que dirige Gabriel Boric una “investigación exhaustiva”, además de mayores medidas de seguridad en la zona.
El ataque tuvo lugar el domingo en la región central-sur de Bio Bio, escenario desde el siglo pasado de un conflicto por la apropiación del territorio entre el estado chileno, las comunidades indígenas locales y las empresas extractivistas, especialmente eléctricas, latifundistas y forestales, que se ha adueñado de los recursos hídricos y explotan bosques milenarios.
Es necesaria “una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”, afirmó la embajada en un comunicado en respuesta al ataque, que causó cuantiosos daños a una central hidroeléctrica propiedad de Rucalhue Energía SpA, filial del conglomerado China International Water & Electric Corp CWE.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) local, el ataque se produjo de la madrugada cuando una docena de individuos armados penetró en un terreno de la comuna de Santa Bárbara y maniató a los guardias de seguridad antes de quemar 47 camiones, un vehículo contenedor de combustible, dos excavadoras y una motoniveladora.
“Sujetos desconocidos portando armas de fuego los habrían amenazado y procedido a incendiar toda la maquinaria existente en el lugar. Estos serían alrededor de 45 camiones y 5 maquinarias”, detalló el general a los medios.
La compañía Rucalhue Energía, por su partes, indicó en un comunicado que está haciendo una evaluación completa de las pérdidas y que este tipo de hechos “no solo representa un atentado contra la infraestructura, sino también contra los trabajadores, las comunidades vecinas y el estado de derecho”.
El proyecto, agregó la compañía, “cumple con toda la normativa ambiental, social y técnica vigente, y que su desarrollo ha sido parte de un proceso transparente ante las instituciones del Estado”.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los territorios que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la ‘Pacificación de La Araucanía’ y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche y policías.
“El atentado en la central Rucalhue en Alto BioBio merece toda nuestra condena. Tal como lo hemos hecho en otros casos perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia”, dijo en X el presidente chileno, Gabriel Boric.
Desde mediados de 2022, en la zona rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso hasta la fecha, que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
Con información de EFE
