En medio de la crisis económica y social que atraviesa Argentina, las mujeres a cargo de los comedores comunitarios sostienen, con muchas dificultades, los barrios más pobres: “Pensábamos que nunca más íbamos a resguardar la comida, creíamos que teníamos garantizado el plato de comida”, afirma una de ellas.
Estas mujeres no reciben salarios por su labor, pero la mitad de sus días transcurren entre ollas, organizando los alimentos que llegan, a cuentagotas, del Estado y diseñando menús para el vecindario.
“Somos las primeras en llegar cada día y las últimas en irnos. Entramos a las 7:00 a dar desayunos y pensamos el menú del mediodía para 200 personas, entre compañeros, vecinos, jubilados y personas que viven en la calle”, cuenta a EFE Nicasia Rivas, cocinera de uno de los cinco comedores de la organización Corriente Villera Independiente en Zavaleta (Barracas), el asentamiento más grande de la ciudad de Buenos Aires y donde viven unas 100 mil personas.
Este comedor se creó en 2001, en medio de una gravísima crisis económica y con récord de pobreza, que dio lugar a uno de los peores estallidos sociales y al famoso ‘corralito’, que dejó atrapados en los bancos los ahorros de los argentinos.
“Fue a partir de la lucha de las compañeras a través de las ollas populares, se organizaron porque muchos vecinos no tenían para comer”, recuerda Liliana Cubilla, responsable del comedor que alimenta a 100 personas dos veces a la semana.
En 2008, las cocineras consiguieron un espacio en el barrio y luego crearon el comedor central, desde donde se distribuye la mercadería a los otros cuatro comedores y que alberga una cooperativa de reciclado en la que trabajan más de 800 personas.
Natalia Molina, coordinadora del espacio, reflexiona acerca el rol de estas mujeres: “Son las compañeras las que bancan la olla (cocinan), las que toman la iniciativa en el momento de alimentar a los hijos, muchas veces vienen mujeres solas o que están sufriendo violencia”.
El galpón también cuenta con un lugar de cuidados para los hijos de las mujeres de la organización, que ganan un sueldo en su mayoría como recicladoras.
Pobreza alarmante
El índice de pobreza en Argentina durante el primer semestre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, fue del 52,9 %, es decir, 12,8 puntos más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que la indigencia alcanzó el 18,1 %.
“Hoy se ve mucha necesidad en el barrio, muchos abuelos que se han quedado solos y que vienen a buscar un plato de comida, muchos jóvenes con adicciones”, asegura Sabrina Molina, administrativa del comedor central.
Liliana Cubilla agrega: “Tenemos familias enteras en lista de espera para recibir raciones”.
Al inicio del Gobierno de Javier Milei, quien asumió en diciembre de 2023, se suspendió la entrega de alimentos a los comedores comunitarios al determinar que era necesaria una auditoría previa.
Pese a que las organizaciones lograron en 2024 varios fallos judiciales a favor de que se siga repartiendo los alimentos, siguen sin llegar.
Natalia Molina explica a EFE que lo que más afectó al comedor fue el fin de las ayudas que recibían las mujeres que trabajan sin salario, lo que hizo que muchas abandonaran esta labor para buscar un empleo remunerado.
Sabrina dejó de ser beneficiaria del programa Potenciar Trabajo, línea de asistencia para trabajadores informales, y buscó empleo en la limpieza de casas: “A la mañana estoy en el comedor y a la tarde trabajo por horas”, relata.
“Hoy sentimos que de vuelta estamos en un declive, creíamos que nunca más íbamos a tener que resguardar la comida, creíamos que teníamos garantizado el plato de comida y podíamos pensar en otras cosas, en formarnos, en un proyecto de trabajo (…). Hoy sentimos que estamos defendiendo eso de nuevo, es todo un retroceso”, afirma.
Sin salarios
En Argentina existen 35 mil comedores en los que trabajan casi 135 mil personas, que dan de comer a diez millones de personas, según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCom).
Varias organizaciones sociales presentaron en 2023 un proyecto de ley para dotar de derechos laborales y un salario mínimo a las personas (90 % son mujeres) que trabajan en los comedores comunitarios.
“Nosotras no recibimos ningún sueldo y todo lo que tenemos es a pulmón, como la garrafa, ponemos un aporte para poder comprarla, para poder pagar el alquiler de este galpón y las cocineras trabajan ‘ad honorem’, muchas solo por un plato de comida”, afirma Claudia Leiva, otra integrante de la Corriente Villera.
“Pensamos que por fin se iban a reconocer nuestras tareas”, dice sobre un proyecto de ley que tendrá que esperar tiempos mejores.
Con información de EFE
