Una multa de 9.000 bolívares y la reposición de los daños ocasionados es la sanción que impuso el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz Barbera, por la intervención arquitectónica en la fachada del edificio de la Facultad de Humanidades y Educación para la instalación de dos aires acondicionados.
La providencia administrativa número 017-2024 del IPC, con fecha de 19 de septiembre de 2024, señala que Apitz Barbera deberá cancelar el monto de la pena máxima establecida en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural por contumacia, reseñó la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV en su portal www.comisionpresidencialucv.gob.ve
En el texto se ordena reponer en un lapso de dos meses los componentes constructivos patrimoniales del decanato y la sala de reuniones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que se ubican en el edificio sede de la Facultad de Humanidades y Educación.
De acuerdo con la evaluación realizada por arquitectos y revisada por el IPC, el trabajo de reparación de los daños ocasionados tiene un costo estimado de 500 dólares.
Por otro lado, el instituto le reiteró a Apitz Barbera que se mantiene la medida dictada el pasado 11 de enero por la ocupación del pasillo sureste del edificio de la Facultad de Humanidades y Educación. Destaca que cualquier intervención sobre el “conjunto de edificaciones y paisajes que componen la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada bien de interés cultural y monumento nacional, deberá contar previamente con el visto bueno del Copred y finalmente de la autorización expresa del IPC”, indica.
Desacato de paralización
El 31 de diciembre de 2023 unos trabajadores iniciaron la instalación de dos equipos de aire acondicionado sobre el parasol horizontal de la fachada sur del edificio de la Facultad de Humanidades y Educación, donde se ubica el despacho del decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
El Copred ordenó al decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas paralizar la obra porque no contaba con los permisos pertinentes y generaba daños, sin embargo, el 10 de enero de 2024 continuaron con los trabajos, por lo que el IPC el 11 de enero ordenó iniciar procedimiento administrativo para determinar las causas y responsables, así como paralizar cualquier trabajo. En tal sentido, se le solicitó información al decano, quien debió responder en 10 días y no lo hizo.
Posteriormente, el 11 de marzo el instituto ordenó iniciar procedimiento sancionatorio contra el decano por permitir presuntamente las obras de intervención, otorgándole las garantías del derecho a la defensa y debido proceso en 10 días hábiles para que presentara alegatos y defensas, pero tampoco respondió.
Con información de ÚN
