El Defensor Público, Daniel Ramírez, interpuso la mañana de este jueves un recurso ante la Sala de Revisión Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sobre decisión emitida el pasado 2 de febrero por una corte de apelaciones del estado Lara, en la que se vulnera el derecho al trabajo y al estudio de los privados de libertad.
Ramírez explicó que la decisión de la corte de apelaciones habría acordado «un destacamento de trabajo y de las redenciones judiciales», siendo anulado el derecho constitucional al trabajo y estudio, dijo, bajo una errada interpretación del artículo 488 del código orgánico procesal penal y de las sentencias vinculantes de la propia Sala Constitucional.
Enfatizó que si efectivamente existen «delitos graves que se deben considerar para el juzgamiento de estos privados de libertad, igualmente se le tiene que garantizar su derecho a la defensa, el trabajo y que tengan la opción de redimir la pena».
«Logramos que a través de esta actividad (recurso de revisión) que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantice los principios y garantías constitucionales establecidas en ella», puntualizó.
Por otra parte, saludó con beneplácito la reciente elección de los Jueces de Paz reconociendo la labor realizada por las magistradas Caryslia Rodríguez y Tania D’Amelio, presidenta y vicepresidenta del máximo órgano judicial, respectivamente, durante el proceso eleccionario que mencionó cumple un mandato constitucional.
«Ya tenemos elegidos Jueces de Paz a nivel nacional, lo que va a permitir que a través de un proceso de conciliación, mediación, y arbitraje la justicia sea humanizada y evitar que los casos de diferencias patrimoniales o personales entre las familias, entre las distintas personas se conviertan en delitos y sean que tener judicializadas», expresó.
Con información de YVKE Mundial
