Organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos condenaron los altos índices de represión y violencia en Venezuela, y exigieron a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos de los venezolanos, «elementos esenciales» en democracia.
Las entidades firman un comunicado en el que muestran su preocupación por las detenciones «arbitrarias» y la criminalización de la protesta, en un contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela marcado por la represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo «un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet».
En ese sentido, les «alarma particularmente» el señalamiento del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, a los detenidos en relación a la protesta, y el anuncio de que se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo, que les supondrán penas de cárcel.
«Hacemos un llamamiento a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza», exhortan, y exigen a esas mismas autoridades a «desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral».
Las organizaciones firmantes del comunicado son Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y Robert F. Kennedy Human Rights.
Todas ellas hacen un llamado al cese del uso de armas para reprimir la protesta, y recuerdan que «en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones», y menos todavía cuando el uso de la fuerza por parte del Estado «sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial».
En ese sentido, hacen un llamado a la investigación «de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida», y piden a la comunidad internacional «exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela» y a «mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas».
Miles de ciudadanos afines a la oposición venezolana han protestado desde el lunes en contra del resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria en los comicios presidenciales al dirigente Nicolás Maduro, un resultado que la oposición califica de «fraude» y que ha llevado a gran parte de la comunidad internacional a dudar del resultado y a exigir transparencia y la publicación de las actas de votación.
El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, manifestó este martes que el proceso «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerada como una elección democrática».
Con información de EFE
