Vecinos del municipio Francisco Linares Alcántara se han movilizado hasta la sede del Diario El Aragueño para dar a conocer su problemática y solicitar apoyo a las autoridades máximas del país sobre un caso que han venido padeciendo desde hace aproximadamente 9 años luego de la compra de unas viviendas en la urbanización Las Bromelias etapa II, a la empresa “Constructora Estructural C.A” y aun no se les ha hecho entrega de la misma.
La ciudadana María García menciona que “desde el 2015 se hizo el pago completo de las residencias a la constructora que estaba encargada, en 2017 se realizó la primera entrega de las viviendas familiares y el acuerdo era, que ellos las entregaban y nosotros disponíamos de la seguridad en el lugar, sin embargo, la empresa por situaciones diversas que se presentaron decidió paralizar la obra y a los meses desaparecieron y no terminaron las viviendas”.
A medida que pasó el tiempo, la ciudadana Nathasha Vigil comenta que aparece el presunto dueño del terreno quien se hace llamar Carlos Alberto Parra Navas, sin ninguna documentación que corrobore dicha información y empieza “a amedrentar y acosar” a las familias que allí habitan y las que no, en el lugar. Aseguran que el pasado viernes 9 de febrero el sr Parra se acercó al lugar de las viviendas con la jueza Berlis Arias del Tribunal Ejecutor de Medidas del municipio Libertador y Francisco Linares Alcántara, en compañía de un secretario, un alguacil y alrededor de ocho funcionarios de la PNB.
Vigil menciona que “en ese momento, los funcionarios en conjunto con Parra Navas, lo que señalaban era que estaban inspeccionando cuáles viviendas estaban ocupadas y las que veían vacías le querían cambiar la cerradura, cabe destacar que también estaba un cerrajero, pudieron hacerlo en dos residencias, sin embargo, cuando revisamos la orden del tribunal, no tenían ningún sentido y a la hora de hacer las llamadas a las autoridades pertinentes los funcionarios y el sr Parra deciden irse”.
Osiris Lujan, quien es una de las afectadas menciona “ya no sabemos que más hacer, hemos realizado diferentes denuncias, pero ningún organismo nos ha respaldado, debido que es un acoso constante y hay muchos niños en el urbanismo que viven con pánico sin saber cuándo llegaran efectivos policiales para interrumpir en las viviendas, hemos realizado las denuncias pertinentes y aun no se hace justicia por el constante acoso y psicoterror que se vive”.
Las ciudadanas esperan el apoyo de las autoridades máximas del país para poder solventar esta situación que llevan viviendo durante más de 9 años, en la cual han podido comprar sus viviendas y algunos ni siquiera han podido disfrutar de las mismas.
Nota de Yaremí Mendoza
