La Policía Nacional ha desarticulado en el sur de España una organización criminal dedicada a introducir en el país de forma irregular a ciudadanos de origen magrebí y regularizarlos mediante una simulación de parejas de hecho.
La operación se ha saldado con la detención de 48 personas por falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Los arrestados son 37 mujeres y 11 hombres.
La investigación se desarrolló a lo largo de este año y ha revelado que la red consiguió más de 30 millones de euros y llegaba a cobrar por los trámites cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros.
A principios de febrero de 2025, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de la provincia andaluza de Jaén comenzó las pesquisas tras recibir información sobre varias solicitudes de permiso de residencia (por circunstancias excepcionales) a través de matrimonios de conveniencia.
En la investigación se detectaron más de 300 solicitudes de permisos de residencia conseguidos en fraude de ley, presentadas en distintas oficinas de Extranjería de la geografía española, siendo la mayoría de las registradas parejas entre personas de origen marroquí y ciudadanas españolas, residentes en la ciudad de Málaga.
La regularización de dichos extranjeros se conseguía tras registrarse como pareja de hecho en diferentes notarías de Barcelona, previo empadronamiento en esa localidad, con ciudadanas españolas a las que no conocían con anterioridad y con quienes no mantenían ningún tipo de relación personal.
De este modo obtenían su autorización de residencia de familiar comunitario, que habilitaba para la residencia durante cinco años y la posibilidad de trabajar por cuenta propia o ajena.
Tareas repartidas y bien definidas
La organización criminal, establecida entre las ciudades de Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, tenía en su cúspide a personas españolas y marroquíes que planificaban las actuaciones descritas.
En el siguiente eslabón se encontraban los captadores, que eran los encargados de encontrar mujeres españolas para inscribirse como parejas estables de hecho.
Por otro lado, también había facilitadores que se encargaban de conseguir la documentación falsificada necesaria para la presentación de las solicitudes de permiso de residencia, y las conocidas como ‘mulas’, encargadas de transferir el dinero obtenido.
En el registro realizado en el domicilio de la principal responsable de la organización, en la localidad de Badalona (Barcelona) se intervinieron 17.000 euros, documentación y varios soportes informáticos que están siendo analizados.
La Brigada de Extranjería y Fronteras ha solicitado la extinción de los permisos de residencia conseguidos en fraude de ley y la extinción de cualquier tipo de ayuda social obtenida por estas personas mediante los delitos investigados.
Vía: EFE
