Los casi 600.000 venezolanos que recibieron el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos (TPS, por sus siglas en inglés) respiraron aliviados el pasado 5 de septiembre cuando el juez federal Edward Chen restituyó la protección migratoria que la Administración Trump les quitó a inicios de este año. Pero una reciente ola de arrestos dirigidos hacia esta comunidad les ha devuelto la angustia: Washington está ignorando el dictamen judicial. Las detenciones se vienen produciendo con la brecha de protección que los 300.000 tepesianos del 2023 vivieron entre mayo y septiembre, desde que el Tribunal Supremo le permitiera al Gobierno finalizar el TPS de Venezuela hasta la sentencia de la corte de San Francisco que restableció el programa.
Varios representantes legales de los venezolanos detenidos han denunciado que los arrestos son “ilegales” porque, argumentan, un extranjero con TPS no puede ser detenido basado en su estatus migratorio. “Cualquier venezolano cuyo TPS haya sido restituido debería ser liberado de la detención si la única base para su custodia fue el bloqueo del beneficio por parte de la Administración Trump”, declaró el abogado James K. Larsen, quien representa a varios de los venezolanos detenidos.
Una investigación de The Miami Herald indica que los arrestos se han producido a lo largo del país, en Estados como Florida, Arizona, Texas, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, California y Pensilvania. Muchos de los migrantes pertenecen al grupo designado con TPS hace dos años y entraron al país a través de la frontera con México (también hay casos de quienes llegaron con visa de turista). Asimismo, varios de ellos mantienen procesos migratorios en simultáneo, como solicitudes de asilo pendientes y trámites para obtener la residencia permanente.
El fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) que limitó significativamente la autoridad de los jueces de inmigración para revisar las causales por las cuales el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arresta a personas que no han sido admitidas formalmente en Estados Unidos, ha permitido que el Gobierno mantenga bajo custodia a beneficiarios del TPS sin antecedentes penales. Para acceder a las protecciones del Estatus de Protección Temporal, los inmigrantes deben aprobar verificaciones de antecedentes. Sin embargo, si alguno comete un delito grave o dos delitos menores, está en riesgo de perder la protección.
Con información de La Patilla
