Transportistas de la frontera colombo-venezolana muestran preocupación porque el 31 de diciembre vence el permiso de transporte binacional para ingresar a Cúcuta.
El representante del gremio en frontera, Celestino Moreno, destacó que los trámites representan un alto costo para cruzar hacia el vecino país, lo que representa un golpe al bolsillo para los conductores.
Señaló que aunque ha habido reuniones entre representantes de los gobiernos de Venezuela y Colombia, no se ve interés político en arreglar el problema del transporte binacional venezolano que entra al Terminal de Cúcuta.
Moreno recordó que cada seis meses deben renovar la permisología exigida por el Área Metropolitana de Cúcuta. Cada vez que deben hacer el procedimiento, la instancia exige más requisitos, lo cual hace complicado y muy costoso la prestación del servicio a los usuarios.
Asimismo, indicó que de 14 aumentaron a 17 las líneas de transporte que cubren rutas binacionales entre Táchira-Cúcuta.
El dirigente gremial considera que la renovación de los permisos se convirtió en un negocio con los transportistas venezolanos que entran al terminal y al Área Metropolitana de Cúcuta.
Sostuvo que no hay equidad en condiciones para transportistas en la frontera de ambas naciones.
“Nosotros elevamos ante el Ministerio del Transporte y ante el Consejo Legislativo del Táchira la necesidad de que al transportista colombiano se le exija lo mismo: una especie de SOAT, tecnomecánica, seguro extracontractual, entre otros, y con los montos iguales”, dijo.
Moreno exhortó a los gobiernos de Colombia y Venezuela a promover una verdadera vecindad, como antes del cierre de frontera en agosto de 2015. “Nosotros seguimos laborando a pérdida. Debe existir mayor equidad para que el malestar no siga creciendo”, acotó.
Exigencias
El taxista Rafael Moreno señaló que las autoridades de tránsito deben hacer que el conductor colombiano tenga un ruta específica en el municipio Pedro María Ureña y Bolívar, puesto que limita las labores de los conductores nacionales.
Para Moreno, es necesario que estos carros amarillos cumplan con requisitos como un seguro extraterritorial, el carro debe ser año 2002 en adelante, deben salir de la jurisdicción sin pasajeros y usar el uniforme de la línea que corresponde.
Lo que plantean los transportistas de Ureña es que las exigencias del Táchira sean similares a las del AMC, donde el transportista debe invertir altas cantidades de dinero en documentos y, además, no se puede salir de la ruta trazada.
“Nosotros tenemos mucho tiempo discutiendo esto y no se hace nada. Los taxistas venezolanos somos los más perjudicados, ya que ellos (colombianos) entran y salen como si nada, pero nosotros no podemos movernos como queremos”, explicó.
Piratas
Al problema se suma la piratería que parece no tener fin. Y es que por la temporada navideña se incrementaron los traslados de personas hacia el vecino país sin los permisos correspondientes.
Sostuvo que las líneas establecidas como taxistas y carros cinco puestos ven disminuido el número de pasajeros por esto. También que estos carros ocupan espacios indebidos para la carga, especialmente en Villa del Rosario.
“Le pagan a la policía colombiana y les permiten pararse en ciertos puntos. Esto no debe permitirse porque están violando las leyes y acuerdos establecidos”, acotó.
Mauricio Valencia, diputado del Consejo Legislativo estadal, denunció una persecución contra el transporte venezolano. Señaló que hay desconocimiento de tratados internacionales que regulan el transporte entre ambos países.
“Es una enorme intolerancia y un desconocimiento total y absoluto de los tratados que sobre la materia han suscrito Colombia y Venezuela. Como el de Tonchalá, que es bastante antiguo, y el acuerdo de Cartagena en materia de transporte de carga y de pasajeros del año 2014”, recordó.
Valencia solicitó que se apliquen las mismas reglas para todos y se garantice la igualdad de condiciones en la operación del transporte en la frontera colombo-venezolana.
Con información de Crónica Uno
