El 55,3 % de las reclusas en Bolivia están en situación de vulnerabilidad, mientras que el 65 % permanece sin sentencia y bajo la figura de detención preventiva, según establece el informe ‘Mujeres en cárceles de Bolivia’ que presentó esta semana la Defensoría del Pueblo del país andino.
El estudio señala que de diciembre de 2023 a junio de este año, la población femenina en las penitenciarías se elevó un 12,5 %, ya que pasó de 1.871 a 2.150 mujeres, de un total de 28.838 de los privados de libertad en el sistema penitenciario boliviano.
“Hay un carácter altamente dinámico en cuanto a la cantidad de mujeres privadas de libertad, esto demuestra claramente que estamos en un proceso de uso indiscriminado de la detención preventiva”, alertó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
Callisaya mencionó que “la mayor cantidad de privadas de libertad se concentra en el eje central”, puesto que el 72 % está en penales de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
La mayoría de las mujeres están recluidas por delitos de tráfico de sustancias controladas (41,2 %), hurto (12,2 %), asesinato (7,5 %) y homicidio (4,1 %).
La investigación también indica que el 63 % de las mujeres entrevistadas mencionaron que no fueron examinadas médicamente antes de su ingreso a la cárcel y que 160 tiene enfermedades crónicas, 46 son portadoras del VIH y cuatro tienen tuberculosis.
Callisaya dijo que en las cárceles “no hay una atención adecuada a mujeres embarazadas o madres”, puesto que varias tuvieron que reintegrarse al penal después del parto “sin ningún tipo de consideración”.
El defensor mencionó que “una situación altamente delicada” es la otorgación de los prediarios, que son las cuota otorgadas diariamente para la alimentación y necesidades de las privadas de libertad.
Puesto que se destinan 248 bolivianos (35,8 dólares) mensuales para cada interna y los desembolsos tienen un retraso de hasta cuatro meses.
Además, existen 145 niños menores de 6 años que viven con sus madres en los recintos carcelarios que “indirectamente son privados de libertad” y que no reciben una alimentación diferenciada.
Otro aspecto deficiente es la infraestructura, puesto que de los 21 espacios carcelarios en Bolivia cuatro tienen un espacio exclusivo para mujeres, mientras que los restantes son secciones dentro de las cárceles de varones.
La Defensoría también alertó que las celdas de aislamiento están en “condiciones precarias e inhabitables” y que muchas veces el régimen de confinamiento solitario “se aplica de manera indiscriminada y por periodos superiores a los permitidos internacionalmente”.
Para el estudio se entrevistó a 278 mujeres de 11 de las 21 cárceles bolivianas con base en “17 categorías de análisis” como el tipo de delitos, infraestructura, alimentación, salud, embarazos y mujeres con niños y niñas acompañantes, entre otras, explicó Callisaya.
La entidad defensora de derechos humanos recomendó que el Estado boliviano regularice el dinero de manutención diaria de las privadas de libertad, que incorpore un enfoque de género en la política penitenciaria, que haga ampliaciones en la infraestructura carcelaria e implemente programas de formación técnico-profesional.
Vía: EFE
