El Parlamento italiano aprobó este miércoles una controvertida ley impulsada por el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, que introduce varias medidas sobre seguridad, en medio de las protestas de la oposición, que incluso protagonizó una sentada durante la sesión en el Senado.
La norma, objeto en los últimos meses de duras críticas por parte de partidos, sindicatos y numerosas organizaciones, se aprobó con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención.
El texto llegó al Senado tras ser validado en la Cámara de Diputados con una moción de confianza, una estratagema frecuente cuando se pretende acelerar la tramitación de una norma en el Parlamento italiano, pues evita la discusión de las enmiendas presentadas por la oposición.
Antes de la votación, los senadores del Partido Demócrata (PD), Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierdas (AVS) se sentaron frente a los escaños del Gobierno gritando: “Vergüenza, vergüenza”, al tiempo que pedían la convocatoria de la conferencia de líderes de los grupos parlamentarios.
El presidente del Senado, Ignazio La Russa, suspendió temporalmente la sesión y se reunió con algunos de los representantes de los partidos antes de retomarla después con el voto de confianza para la aprobación definitiva del decreto. La formación del ex primer ministro Matteo Renzi, Italia Viva, no participó en la protesta.
Entre otras medidas, la ley supondrá un endurecimiento de las sanciones en caso de motines en las cárceles, de ocupación de viviendas o de acciones de desobediencia civil, como cortar carreteras, e introducirá nuevas tipos del delito de terrorismo.
También crea el delito de ocupación arbitraria de inmueble y se prevé la posibilidad de que la policía judicial ordene la liberación inmediata del inmueble ocupado, incluso sin orden judicial, en el caso de ocupaciones ilegítimas.
Una de las medidas más controvertidas es que suprime la obligación de aplazar la pena para las mujeres embarazadas y con hijos.
Meloni aseguró tras la aprobación que “el refuerzo de las herramientas policiales es un paso decisivo para la protección de los ciudadanos” y agregó “la legalidad es el pilar de la libertad y seguiremos defendiéndola”.
“Este decreto es pura propaganda”, no se trata de “más seguridad equivale a más represión”, comentó la secretaria del PD, el mayor de la oposición, Elly Schlein.
La ley refuerza la protección penal de la policía y se incrementan las penas por lesiones, resistencia y violencia contra funcionarios públicos y se introduce una circunstancia agravante si el acto se comete contra un agente de la policía judicial o de seguridad pública
También introduce la posibilidad de equipar a la policía con cámaras corporales para grabar la actividad operativa y se introduce una ayuda financiera para gastos legales de hasta 10.000 euros para los agentes involucrados en procedimientos penales relacionados con el servicio.
Y se endurecen las penas para quienes empleen a menores en la mendicidad y para quienes cometan fraude y se refuerzan las herramientas para reprimir el fraude contra las personas mayores, con la introducción de una hipótesis específica de fraude agravado, con penas de dos a seis años y una multa de entre 700 y 3.000 euros.
Más de 10.000 personas se manifestaron el pasado sábado en Roma contra el controvertido decreto, con pancartas en las que podía leerse “Levantemos la cabeza contra al Estado del miedo” o “Meloni, vete”, mientras se coreaba el lema “Frente a un Gobierno de fascistas, hasta la victoria”.
Con información de EFE
