El Defensor del Pueblo español denunció este viernes los problemas que tiene los migrantes para solicitar asilo en España y también se refirió al colapso de la administración española en la homologación de títulos universitarios extranjeros.
En su informe anual, el Defensor señaló que a lo largo de 2023 recibió 35.603 quejas de la ciudadanía, la mayoría por problemas y retrasos en la administración de justicia, la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad.
Sin citas y con años de espera
Son miles las quejas gestionadas por la institución por los problemas para presentar una solicitud de asilo o refugio.
Como ejemplo de esta situación, el Defensor tacha de «inaceptable» que haya más de 70.000 expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros pendientes.
El informe destaca también que las quejas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) fueron en aumento desde su puesta en marcha.
En el sistema sanitario, el número de quejas recibidas entre 2021 y 2023 por las listas de espera «se ha más que duplicado» y el Defensor alerta de la «creciente tensión» en la atención especializada.
Un año más, el informe recoge asimismo constantes quejas de ciudadanos extranjeros ante las dificultades para abrir o mantener una cuenta bancaria.
Atribuir la tutela de los menores migrantes a ONG
Un apartado importante del informe está dedicado al archipiélago canario, frente a la costa africana, que acoge a más de 5.370 menores migrantes no acompañados.
El Defensor alerta de que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario esa acogida y plantea la posibilidad de suscribir convenios con ONG, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores para atribuirles la tutela de estos niños y adolescentes.
Su propuesta se conoce el día después de que varias comunidades rechazaran un plan para trasladar a la península a 470 menores desde Canarias. La solidaridad es «insuficiente» y hacen falta medidas legislativas, manifestó el Defensor del Pueblo al presentar su informe en el Congreso.
Una año más, el Defensor destaca los centenares de quejas recibidas por dilaciones judiciales y alerta de retrasos «estructurales» ante el aumento constante de casos, la insuficiencia de medios personales y la deficiencia de la planta judicial.
El Defensor pide también simplificar la «compleja y confusa» regulación para presentar reclamaciones en materia energética y alerta de que los problemas en los servicios ferroviarios de cercanías siguen siendo una fuente «reiterada» de quejas.
Asimismo, el Defensor recuerda la obligación de los poderes públicos de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo impulsando actos de reconocimiento.
La institución también detectó problemas en la acreditación de la condición de víctima de violencia machista (esencial para acceder a la atención y las ayudas), pues existen sistemas diferentes en función de si se trata de violencia de género, sexual, contra menores o machista por parte de un agresor desconocido.
Con información de EFE
