El Tribunal Constitucional español suspendió este lunes una ley regional de Aragón que derogaba la ley de memoria democrática de esa región del norte de España, tras admitir a trámite un recurso presentado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
El pleno del Constitucional acordó estudiar el recurso del Ejecutivo español, que considera que la ley aragonesa, aprobada por el conservador Partido Popular, el ultraderechista Vox y un partido regionalista, podría vulnerar los derechos de las víctimas de la dictadura franquista (1936-1975), además de ser contraria a competencias estatales.
Y desde este momento de admisión a trámite del recurso, la ley queda suspendida de forma automática y temporal.
Esa norma fue aprobada por el parlamento aragonés el pasado 15 de febrero, por lo que se convirtió en la primera región en derogar una ley autonómica de memoria democrática.
La derogación aprobada por el Parlamento aragonés dejaba sin efecto una norma que estaba vigente desde 2018 y que, entre otras medidas, se propone impulsar y regular las políticas públicas para la recuperación y el reconocimiento de la memoria y desarrollar el derecho de las víctimas y de sus familiares al reconocimiento de su condición y proceder a su reparación.
También impulsar la investigación y el conocimiento de los hechos ocurridos en Aragón entre la proclamación de la Segunda República (1931) y la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con especial atención a lo relacionado con el golpe de Estado de 1936 contra la República, la guerra civil que se produjo (1936-1939) y la posterior dictadura franquista, que se prolongó hasta finales de los años 70 del siglo pasado.
Tras la derogación de la ley de memoria aragonesa, el Gobierno de esa región anunció que pondría en marcha lo que llamó un plan de concordia alternativo para reconocer a todas las víctimas “sin distinción”, a las de la Guerra Civil, la dictadura franquista y a las del terrorismo, y por medio del que se exhumaría a todas las víctimas.
El Gobierno español, contrario a la ley aragonesa, emplazó al ejecutivo regional a reunirse para encontrar una solución que evitase el recurso al Tribunal Constitucional, pero al ser ingnorado este emplazamiento presentó el recurso.
Según declaró el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuando se aprobó la norma aragonesa, esta lo que pretendía era “blanquear la dictadura” e “igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de desapariciones y torturas” con un periodo democrático.
En la misma línea que Aragón, PP y Vox también presentaron en la Comunidad Valenciana (este), donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la “concordia” que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria, y lo mismo hicieron en Castilla y León (norte), donde también gobiernan juntos.
España cuenta con una ley estatal de memoria de democrática, pero también hay gobiernos regionales que aprobaron sus propias leyes sobre esta materia para aplicarlas en sus propios territorios.
Con información de EFE
