Familiares de las víctimas pidieron este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) castigar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de los adolescentes Max Cley Mendes, Marciley Roseval Melo Mendes y Luís Fábio Coutinho da Silva, que habrían sido cometidas por agentes de la Policía Militar de Brasil en 1994.
Michel Nazareno Mendes, hermano de Max Cley y Marciley Roseval, recordó durante una audiencia pública ante la CorteIDH los hechos ocurridos hace tres décadas, cuando tenía solamente 12 años, y pidió a los jueces que declare al Estado de Brasil responsable y que ordene medidas contra la inseguridad ejercida por la misma Policía.
“Quiero pedir una ley que entre en vigor en el país para que así como nuestra familia, y otras que sienten el mismo dolor, puedan ver que los responsables sean castigados. Tenemos un país desarrollado, no entendemos cómo los policías hacen esto”, expresó Nazareno.
El declarante aseguró a los jueces que la familia de las víctimas no ha recibido ayuda del Estado y que los hechos se encuentran en la impunidad.
“Hasta hoy (el Estado) no nos ha ayudado en nada y ellos (los responsables) están allá libres con sus familias y nosotros continuamos sufriendo la pérdida. Necesitamos que de verdad haya una sanción para las personas involucradas, es algo que ya no debería suceder. Sentimos inseguridad con la misma seguridad pública”, afirmó.
Según la demanda contra el Estado, el caso se remonta a diciembre de 1994 cuando los tres adolescentes fueron amenazados, agredidos y asesinados en el barrio de Tapanã, ciudad de Belém, capital del estado de Pará, por policías militares. Días después, la Policía Militar habría iniciado una investigación.
Posteriormente, en 1996, la Fiscalía presentó acusación contra 21 agentes de la Policía Militar, sin embargo, en el 2018, todos los imputados fueron absueltos por un jurado popular debido a que no se contaba con prueba suficiente en el caso.
“Vi que mi hijo estaba siendo arrastrado, ya estaba muerto y lo estaban arrastrando. Intenté acercarme pero el policía me dijo que no saliera porque el área estaba llena de ladrones y delincuentes y estaban intercambiando disparos con ellos. Les dije que en el piso estaba uno de mis hijos. (…) Lo mataron le dieron varios tiros y le quebraron todo su cuerpo. Ese día perdí dos hijos”, recordó Sheila Rosangela Melo Mendes, madre de Max Cley y Marciley Roseval.
La denuncia de este caso presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la vida, a la niñez y a la integridad personal de las presuntas víctimas.
Además, la CIDH afirma que Brasil no acreditó que la operación se hubiera llevado a cabo en cumplimiento de una norma que regulara el uso de la fuerza, ni que antes de iniciarse la operación se hayan dado pautas o instrucciones a quienes participaron en ella.
La demanda argumenta que las agresiones y los asesinatos se produjeron en un contexto marcado por la permisividad del Estado hacia los abusos cometidos por los agentes de policía y que por las circunstancias en que ocurrieron las muertes existen elementos constitutivos de la tortura.
Con información de EFE
