El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) celebró este martes el “histórico” fallo emitido por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó el arresto internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros jerarcas del Gobierno por «crímenes de lesa humanidad» cometidos en Venezuela.
En una conferencia de prensa desde los tribunales de Comodoro Py, los miembros del FADD -que integran políticos, diplomáticos, académicos, periodistas y defensores de derechos humanos argentinos- resaltaron que los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron en su fallo que la cúpula del Gobierno venezolano ha ejecutando “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada” en contra de la población civil en Venezuela, mediante prácticas de “persecución, secuestro, tortura y asesinato”. Por ello, el tribunal ordenó “disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina”, para ser juzgados por los delitos que se les imputan.
«La Justicia argentina realmente se ha puesto al frente de los derechos humanos al ponerle nombre y apellido a lo que pasa en Venezuela, que hoy realmente es la peor dictadura cívico militar de la historia de Latinoamérica, por la cantidad de desplazados, por la cantidad de torturados, por la cantidad de homicidios que se han producido. Es un día de júbilo para todas las democracias republicanas del mundo y un día de preocupación para los dictadores», dijo el abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD y querellante en la causa.
Farini explicó que, tras este fallo, el próximo paso será que las autoridades argentinas notifiquen a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sobre estos pedidos de captura. Dijo que también planean informar formalmente de esta decisión a la Corte Penal Infernacional (CPI), cuya fiscalía avanza con una investigación también por «crímenes de lesa humanidad» cometidos en Venezuela, al menos, desde el año 2014.
Waldo Wolff, presidente del FADD, afirmó que «si bien Maduro sigue ostentando el poder adentro de Venezuela, pasa a ser rehen de una dictadura y solamente va a poder circular libremente por los países del eje, por Nicaragua, por Cuba, por Irán».
«Este nuestro granito de arena en esta lucha que hacemos todos los días porque haya democracia en la región», dijo Wolff, quien llamó a asociaciones civiles y abogados de otros países de la región a impulsar iniciativas similares en sus sistemas de justicia, basados en el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, que establece que los graves crímenes contra la humanidad pueden ser procesados sin importar dónde se cometieron o la nacionalidad de sus víctimas o perpetradores.
Elisa Trotta, secretaria general del FADD, destacó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y recordó el antecedente del ex dictador Augusto Pinochet, quien fue detenido en 1998 en Londres gracias a una orden de captura emitida por la Justicia española, que, también basada en el principio de jurisdicción universal de derechos humanos, investigaba los crímenes cometidos por la dictadura en Chile.
“Esto marca un hito fundamental para todos los venezolanos y todos los demócratas del mundo que hemos estado luchando durante años, buscando justicia. Para nosotros esto significa básicamente esperanza y es también un reconocimiento para todas las víctimas, para las miles que han estado perseguidas, torturadas, encarceladas y asesinadas en Venezuela, y para quienes se atrevieron a venir a dar testimonio en esta causa, más allá de las consecuencias en muchos casos personales que pueda tener. Seguiremos para que finalmente en Venezuela nosotros también podamos decir: ‘Nunca más’”, dijo Trotta.
Rigoberto Lobo, una de las víctimas que ofreció su testimonio ante el tribunal, destacó que estos crímenes aún siguen cometiéndose en Venezuela, donde hay cerca de 2 mil presos políticos, entre ellos activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, personas con discapacidad, mujeres y niños.
En particular, Lobo alertó que los defensores de derechos humanos en Venezuela viven “bajo la amenaza de represión, incluida la transnacional, por parte del régimen autoritario de Maduro, en una clara estrategia para intentar desmantelar el tejido organizativo que representa una amenaza para su permanencia en el poder”.
Con información de 800Noticias
