El objetivo era analizar y conocer las diferentes posiciones en torno a la medida de prohibición de la matanza de hembras en los mataderos, salas de matanza y botalones de la entidad llanera. También se discutió el procedimiento adecuado para validar guías de movilización y los certificados de inutilidad de las hembras.
José Viloria, médico veterinario de la Unidad Técnica Nacional del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), hizo un llamado a la concientización de la población en general, especialmente a productores, intermediarios, mataderos y médicos veterinarios, para evitar el sacrificio de hembras aptas para la reproducción.
Viloria explicó que la preocupación surgió luego de la retención por parte del Estado venezolano de siete vacas gestantes llevadas a mataderos, con diagnóstico de infertilidad. Según él, este descarte “no corresponde”, ya que no se toma en cuenta la Ley Nacional de Salud Agrícola Íntegra, la Providencia 259 del Ministerio de la Salud, el Decreto 2527 de los Ministerios de Agricultura y Tierras, y de Salud, donde se clasifican los tipos de mataderos.
El profesional de la salud animal hizo hincapié en que los procedimientos correspondientes están en manos del Insai, que luego los remitirá al Departamento de Asesoría Jurídica para emitir un resultado en cada caso de retención de ganado.
Certificados de vacas para mataderos
Dunieska Pérez, responsable del Departamento de Salud Animal del Insai-Apure, aclaró que el certificado de hembras bovinas autentica el descarte de los animales para su posterior beneficio en los mataderos, en cumplimiento con la resolución DM116 de 2014.
“Lleva la identificación del animal que debe coincidir con la obtenida al momento de palpar el semoviente en campo y la obtenida en la sala de matanza, para evitar sanciones contra productores y médicos veterinarios”, apuntó Pérez.
La responsable del Departamento de Salud Animal del Insai-Apure insistió en que este importante documento consta de la edad del animal, los hierros, la raza y el diagnóstico de eliminación zootécnica o sanitario del médico veterinario que valida el descarte de la vaca, dependiendo de su condición sanitaria. “Por ejemplo, en el caso de brucelosis y tuberculosis, estos animales, aunque estén preñados en el último tercio, se descartan por esta condición sanitaria”, informó.
Con la implementación de esta medida, fueron suspendidos 23 médicos veterinarios en el país, cuatro de ellos en el estado Apure. Ramón Vera, presidente del Colegio de Veterinarios del estado Apure, especificó que la suspensión se generó por la emisión de certificados de vacas para mataderos, no aptas para la reproducción, cuando al momento del sacrificio se determinó que estaban preñadas.
Entre la espada y la pared
En defensa de los ganaderos, el ingeniero Mario Zelaya, vicepresidente de Agapure, rechazó esta medida al considerarla no acorde con la realidad de la entidad llanera. Según Zelaya, los ganaderos apureños son pequeños productores que no cuentan con un colchón económico para sostenerse y se ven obligados a llevar al matadero a animales cuando están en dificultades económica.
“El cumplimiento de esta medida coloca a los productores apureños en desventaja económica, los coloca contra un paredón, porque el 80% de los ganaderos apureños son pequeños productores que se ven obligados a llevar al matadero cuando carecen de recursos económicos suficientes para resolver algún problema puntual relacionado con la alimentación, la salud, vestimenta, transporte o cualquier otra situación, porque es su patrimonio con el cual cuentan para poder resolver sus problemas económicos”, dijo el representante de Agapure.
Insta al gobierno nacional a hacer consideraciones de tipo social y humano para estudiar hasta dónde es posible la aplicación de esta norma, sin generar consecuencias negativas para el productor que ejerce dignamente su trabajo en la principal actividad económica de Apure, generadora de dividendos provenientes de la venta del queso o de la carne.
“Con esta medida, el Gobierno está frenando la venta de carne y tiene una repercusión muy fuerte en las condiciones económicas del productor”, destacó.
A juicio de Zelaya, el problema financiero del sector se generó luego de que el Gobierno dejó el encaje financiero a manos del Banco Central de Venezuela, lo cual deja a la banca pública y privada sin capacidad de financiamiento para fortalecer el músculo económico de los productores llaneros.
“Ello nos obliga a vender animales que no estén en su mejor momento para la venta, pero la necesidad nos lleva a esa situación. La solución a este problema es el ofrecimiento de créditos a los ganaderos en la banca pública y privada para resolver esto que nos afecta en forma directa”, apuntó el primer vicepresidente de Agapure.
Agapure insta al gobernador Wilmer Rodríguez a sostener otra reunión para presentar los planteamientos de esta institución gremial, luego que organismos relacionados con la salud animal del Estado (Insai y Contraloría Sanitaria), han hecho cumplir esta normativa vigente desde el año 2014 hasta la fecha, debido al descenso del rebaño nacional, sin tomar en cuenta las necesidades del productor.
“El rebaño nacional no ha bajado justamente por la matanza de hembras, sino más bien otros elementos colaterales han determinado esta situación: el abigeato, que es responsabilidad del Gobierno corregirlo; las expropiaciones de los hatos productivos del estado Apure que fueron saqueados y dejados sin ganado”.
El representante de los ganaderos también advirtió que “en la zona del Capanaparo, los productores pequeños, medianos y grandes se vieron obligados a abandonar sus unidades de producción ante la inseguridad que reina en ese terreno, que fue invadido por los grupos irregulares, donde el Gobierno está en la obligación de corregir esta situación y hasta los momentos no ha tomado ninguna medida al respecto”, declaró para lapatilla.com.
Exportación a Irán
Otro daño colateral a la dinámica ganadera que ha incidido en la disminución del rebaño nacional son las exportaciones de animales hacia los países árabes.
“El Gobierno prometió venderle a Irán 11.000 animales machos mensuales, una negociación se ha concretado en el estado Táchira, cuyo estado no tiene capacidad para poder cumplir esa promesa. Por ello están recurriendo a otros estados”, reveló Zelaya.
En el país se está exportando carne que no responde a un excedente. Se ha exportado carne que se necesita para el consumo nacional. “No estamos en capacidad de exportar. El Gobierno tiene la obligación de fortalecer el financiamiento para el desarrollo de la producción ganadera nacional, y hasta ahora no lo ha hecho. El Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones”, expresó
El gremialista sugiere que no deben implementarse leyes tan exigentes, porque la producción ganadera del estado Apure es distinta. “Allí se crían vacas y mautes, porque no existe la ceba que permita pasar los mautes a toros. Los mautes de Apure son cebados en otros estados del país. Sl al final solo quedan son vacas, y eso es lo que podemos vender”, manifestó Zelaya.
Veterinarios sancionados
Ronald Dobles, presidente de Probufalas, si bien celebra el establecimiento de normativas para lograr el desarrollo del estado Apure, objeta las acciones delictivas tras el desconocimiento de las leyes claramente planteadas.
Dobles solicita derecho a la defensa y el perdón para los cuatro médicos sancionados por la emisión de certificados, porque considera que si bien se pudo cometer alguna falta, es necesario que los entes competentes permitan la reivindicación de los veterinarios y puedan nuevamente ejercer su carrera de manera responsable y profesional.
Dobles cree que el Estado venezolano, a través de Agroflora, debe asumir y adquirir parte de estos animales que aún sirven para la cría o crear una cartera crediticia, a través de la banca pública, para oxigenar la estructura de costo de más de 11.000 pequeños, medianos y grandes productores apureños, y así se pueda garantizar el proceso de reproducción y evitar la disminución del rebaño nacional.
En cuanto al tema, el Gobierno ha sostenido un discurso ambiguo porque en una primera reunión la semana pasada, en presencia del gobernador de Apure y del viceministro para el Desarrollo Pecuario Integral, José Gregorio Aguilera Contreras, sostuvieron la prohibición de la matanza de hembras aptas para la reproducción. Sin embargo, en el encuentro de este jueves en Agapure, los funcionarios sostuvieron que no permitirán la matanza de las hembras preñadas.
“Igualmente, seguiremos exponiendo nuestras exigencias y necesidades para encontrar juntos una solución acorde a la condición de todos los productores apureños”.
Los gremios solicitarán al gobernador de Apure se elimine esa medida, y de no obtenerse una respuesta satisfactoria, elevarán sus peticiones ante el Gobierno Nacional a través de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga)”, advirtió Zelaya.
Con información de La Patilla
