Guardacostas libios interceptaron en la última semana varias embarcaciones con 375 personas migrantes a bordo, 24 de ellas menores, que fueron devueltas al país pese a ser considerado un lugar «no seguro» por las organizaciones humanitarias, informó este martes la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
En su último informe del 18 al 24 de agosto, la OIM registró la muerte de al menos ocho personas mientras los rescatados fueron desembarcados en los puertos de la capital, Trípoli; Sabrata y de Azawaya (noroeste).
En lo que va de año 14.138 personas- 484 de ellas menores- fueron interceptadas, al menos 434 murieron y 611 se encuentran desaparecidas en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, la más mortífera de las conocidas.
El país magrebí, con una población de siete millones de habitantes, acoge a cerca de 720.000 personas provenientes de 44 países, en su mayoría del continente africano, según la OIM, organismo dependiente de Naciones Unidas.
El febrero el Tribunal Supremo italiano condenó al capitán de un barco que rescató a un centenar de personas en el Mediterráneo en 2018 y luego los entregó a una patrullera libia, lo que constituye un delito, según la sentencia, al considerar que este país «no es un puerto seguro».
Esta decisión cuestiona la política migratoria de la primera ministra, Giorgia Meloni, y abre la vía a los recursos de las ONG de rescate, bloqueadas y multadas por su Gobierno por negarse a entregar a los migrantes a la Guardia Costera libia, un cuerpo formado y financiado por la Unión Europea (UE) pese a estar bajo sospecha por sus vínculos con las mafias de trata de personas.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido en numerosas ocasiones facilitar las evacuaciones de la población migrante en Libia y ha instado a la Unión Europea y Naciones Unidas a revisar urgentemente y, si es necesario suspender, los actuales acuerdos de cooperación.
En agosto pasado el Gobierno libio pidió a la comunidad internacional mayor apoyo para luchar contra la migración irregular después de firmar un acuerdo con Túnez para evacuar a centenares de migrantes subsaharianos expulsados por el país vecino hacia sus fronteras desérticas sin acceso a agua, comida ni asistencia.
Con información de EFE
