La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, anunció este sábado la instalación formal del Comité de Víctimas de los sucesos ocurridos el 3 de enero.
El organismo tiene como objetivo central centralizar la atención integral de los afectados y garantizar el seguimiento de los compromisos de justicia y reparación asumidos por el Estado tras los incidentes violentos registrados en dicha fecha.
La creación de este órgano responde a una solicitud de los familiares y sobrevivientes de los hechos. Según declaraciones de la alcaldesa difundidas por los canales oficiales de la Alcaldía de Caracas, el comité funcionará como un espacio de articulación directa entre el poder popular y las instituciones jurídicas y de salud del Distrito Capital.
Durante el acto de instalación, Meléndez subrayó que la prioridad del comité será brindar acompañamiento legal y apoyo socioeconómico a las familias que perdieron a sus seres queridos o sufrieron daños materiales.
«Estamos cumpliendo con el compromiso de no dejar a nadie atrás y de que la verdad prevalezca en estos casos», afirmó la funcionaria, según reportó el Sistema Radio Nacional de Venezuela (RNV).
Por su parte, voceros de los familiares presentes en la actividad señalaron que la instancia permitirá agilizar los procesos administrativos que han presentado retrasos en meses previos.
El comité contará con una secretaría técnica que se encargará de levantar un censo actualizado de las víctimas para personalizar la asistencia médica y psicológica requerida.
Aunque los reportes oficiales no detallan el número exacto de expedientes que manejará el comité, fuentes del despacho municipal indican que se priorizarán los casos de vulnerabilidad crítica. La instalación se produce en un contexto de reorganización de las políticas de seguridad y atención social en las zonas periféricas de la capital.
La alcaldesa concluyó que las sesiones de trabajo del comité serán periódicas y contarán con la observación de la Defensoría del Pueblo para asegurar la transparencia en la gestión de los recursos y el cumplimiento de las normativas de derechos humanos vigentes.
Vía: AVN
