Una jueza federal en Boston bloqueó este jueves la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar los beneficios migratorios a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se acogieron al programa de parole humanitario.
La magistrada Indira Talwani determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había interpretado mal la legislación al intentar reducir el tiempo de estancia legal para los beneficiarios del parole.
Talwani, según reportes de Reuters, dejó claro que “lo que están priorizando no son las personas que cruzan ilegalmente, sino a quienes siguieron las reglas”.
Este fallo detiene temporalmente las intenciones de la administración republicana, que quería eliminar estos beneficios migratorios a partir del 24 de abril, afectando a más de medio millón de migrantes, quienes habrían perdido sus permisos laborales, dejándolos sin estatus legal ni opciones para evitar su expulsión del país.
La anulación del parole fue anunciada en marzo en una notificación publicada en el Registro Federal y vista como parte de una estrategia para asegurar la frontera y romper con el “círculo vicioso” de la inmigración irregular.
Antes del fallo, medios como el Miami Herald informaron que la jueza Talwani estaba considerando emitir una orden preliminar para bloquear la cancelación del programa conocido como CHNV, por las iniciales de los países afectados: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Más de 500.000 migrantes se verían afectados por regulaciones de Trump
El programa, instaurado durante la presidencia de Joe Biden, permitió a más de 531.000 personas de esos países ingresar a la nación norteamericana por vía aérea siempre que tuvieran un patrocinador financiero, compraran su propio pasaje y superaran controles médicos y de antecedentes.
Se estima que en total 110.240 cubanos, 211.040 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.330 venezolanos ingresaron a Estados Unidos desde el lanzamiento del programa en enero de 2023 hasta diciembre de 2024, estableciéndose en el sur de Florida, donde residen y laboran.
Los abogados que representan a los demandantes -un grupo compuesto por una docena de beneficiarios del programa que interpusieron una demanda colectiva- habían advertido que permitir que las medidas del gobierno republicano entraran en vigor causaría un daño “irreparable” y a “una escala asombrosa”, exponiendo a miles de personas respetuosas de la ley a deportaciones inmediatas sin posibilidad de trabajar legalmente.
El DHS argumentó en documentos judiciales que el programa ya no cumplía con los criterios de “beneficio público significativo” ni “necesidad humanitaria urgente”, además de contribuir al colapso del sistema migratorio, especialmente en los aeropuertos de Florida, donde alrededor de 80% de los migrantes llegan.
Sostuvieron que al menos 75.000 beneficiarios del parole habían solicitado asilo, lo cual consideraban un factor que aumentaba los retrasos procesales.
Recientemente, el gobierno ha comenzado a promover la autodeportación voluntaria entre los beneficiarios, animándolos a notificar su salida del país mediante una aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Se advierte que aquellos que no hayan iniciado otros trámites migratorios -como asilo, TPS o ajuste de estatus- antes del anuncio en el Registro Federal serán considerados prioridad para la deportación.
Trump limita autoridad judicial y propone alivio migratorio
En marzo, Trump instó al Tribunal Supremo a limitar la capacidad de los jueces federales para emitir medidas cautelares a nivel nacional, argumentando que estas han obstaculizado repetidamente sus políticas.
“Las órdenes judiciales nacionales ilegales de jueces radicales de izquierda podrían llevar a la destrucción de nuestro país. ¡Estas personas son unos lunáticos que no se preocupan, ni siquiera un poco, por las consecuencias de sus decisiones y fallas, que son muy peligrosas e incorrectas!”, escribió Trump en su red social, Truth Social.
Sin embargo, este jueves sugirió durante una reunión con su Gabinete que su administración podría ofrecer alivio migratorio a ciertos de trabajadores indocumentados en los sectores agrícola y hotelero. Esto les permitiría permanecer temporalmente en el país y luego regresar con visas legales.
“Un granjero vendrá con una carta relativa a cierta gente diciendo que son excelentes, que están trabajando duro. Vamos a frenarnos un poco para ellos, y luego vamos en última instancia a traerlos de vuelta. Saldrán, van a regresar como trabajadores legales”, afirmó el mandatario desde su Oficina Oval.
Con información de El Nacional
