El presidente de Chile, José Antonio Kast ordenó este lunes la suspensión inmediata del decreto que buscaba otorgar estatus legal a 182 mil migrantes. Las personas afectadas habían participado voluntariamente en el proceso de empadronamiento iniciado por el gobierno anterior, confiando en una eventual regularización que hoy queda en el aire.
La administración de Kast priorizó la expulsión de migrantes frente al empadronamiento. Foto: Agencias
Frank Sauerbaum, nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, fue enfático al señalar que la administración actual no promoverá “regularizaciones masivas”. Según la autoridad, el enfoque del Estado se desplazará ahora hacia dos pilares estrictos: el control fronterizo exhaustivo y la seguridad nacional.
“Gobierno de Emergencia” en la frontera
Como primer acto de autoridad en terreno, el mandatario se trasladó a la región de Arica para supervisar personalmente la instalación de obstáculos físicos en la frontera con Perú. Kast impuso un plazo perentorio de 90 días para finalizar estas obras, que se extenderán por las tres regiones del norte chileno.
El despliegue no es solo físico, sino tecnológico y militar.
La estrategia incluye:
Aumento de efectivos: Un contingente reforzado de las Fuerzas Armadas en puntos críticos.
Vigilancia avanzada: El uso de drones de alta autonomía y sensores térmicos especializados para detectar cruces por pasos no habilitados.
“Chile ha sido vulnerado por el narcotráfico y el crimen organizado”, justificó el presidente, vinculando directamente la inmigración irregular con la seguridad ciudadana. Aunque Chile registra una de las tasas de homicidios más bajas de la región (5,4 por cada 100 mil habitantes), la presencia de organizaciones trasnacionales como el Tren de Aragua ha sido el motor de su promesa de un “gobierno de emergencia”.
Ofensiva legislativa: La migración como delito
En paralelo a las medidas de fuerza, La Moneda enviará dos proyectos de ley al Congreso con el fin de endurecer el marco legal:
Penalización de la facilitación de ingresos: Castigos severos para quienes colaboren con la entrada irregular de extranjeros.
Tipificación del ingreso ilegal: Convertir el cruce por pasos no autorizados en un delito penal, eliminando su carácter de falta administrativa.
Esta estrategia marca un quiebre total con la gestión de Gabriel Boric, que concebía el empadronamiento como una vía para la identificación y el ordenamiento social de quienes ya residían en el territorio.
Incertidumbre en la comunidad migrante
El anuncio ha caído como un balde de agua fría sobre los casi 337 mil venezolanos en situación irregular que residen en Chile. Para muchos, el empadronamiento era la última esperanza de integración.
“Existe muchísima incertidumbre. Muchos confiamos en el proceso de enrolamiento y ahora sentimos que quedamos expuestos”, comentó Freymar Márquez, ciudadana venezolana, a la agencia AFP.
A pesar de la dureza del discurso, Kast intentó matizar el alcance de sus medidas al descartar —por ahora— la ejecución de redadas masivas en plazas o espacios públicos. No obstante, la advertencia final fue clara: toda persona en situación de irregularidad deberá, tarde o temprano, enfrentar el rigor de la autoridad estatal.
Con información de Noticia Al Día
