La protección jurídica del medio ambiente es actualmente muy desigual entre los países y regiones del mundo, y forma un complejo “mosaico” de leyes y penas que habría que reforzar y armonizar.
Así lo afirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su primer estudio a escala mundial sobre la prevención de delitos ecológicos o medioambientales.
“Nuestro estudio muestra que se han realizado progresos a escala mundial en la elaboración de leyes de protección del medio ambiente”, afirma Angela Me, jefa de Investigación y Análisis de la ONUDD, en un comunicado.
Pero al mismo tiempo concluye “que la legislación y su aplicación siguen siendo desiguales, lo que ofrece a los grupos delictivos la oportunidad de aprovechar las lagunas en las respuestas”, añade.
El informe, titulado ‘Análisis mundial de los delitos que afectan al medio ambiente’, destaca también las áreas prioritarias que deberían tenerse en cuenta para reforzar la prevención de este tipo de delincuencia.
La ONUDD estudió la situación en nueve ámbitos: la deforestación y la tala de árboles, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la pesca, los desechos y la fauna y flora silvestres.
Especialmente la forma en que los 193 países miembros de la ONU contemplan los delitos que dañan al medio ambiente y los penalizan diverge mucho de nación a nación.
Concluyó que los daños más perseguidos son aquellos que afectan a la fauna y la flora silvestres, así como los relacionados con los residuos, con 164 y 160 Estados, respectivamente, que en su legislación nacional incluyen al menos un delito penal en estos campos.
“La contaminación del suelo y acústica (99 y 97 Estados, respectivamente) son las áreas en las que menos países cuentan con disposiciones penales”, señala el comunicado de la ONUDD.
“Al menos el 85 % de los Estados miembros de la ONU penalizan los delitos contra la fauna y la flora silvestres y al menos el 45 % castigan algunos de estos delitos con cuatro años o más de prisión”, añade.
Explica que las diferencias en cuanto al nivel de protección del medio ambiente y las penas impuestas están relacionadas con las condiciones de cada país o región.
“Por ejemplo, el 43 % de los países de Oceanía consideran la pesca ilegal como un delito grave (lo que significa que se castiga con cuatro años o más de cárcel), en contraste con sólo el 2 % de los países de Europa”, dice la ONUDD.
Por otro lado, África y Asia tienen el porcentaje medio más alto de países con penas que se ajustan a la definición de delito grave, lo que indica que no hay un problema de legislación, sino una falta de su aplicación.
Con respecto a las tres regiones del continente americano, resalta que la contaminación del suelo es el único delito no tipificado por la mayoría de los países, aunque en muchos de ellos puede estar cubierto por la persecución de los delitos vinculados a los residuos.
En cuanto a Europa, indica que “los niveles de penalización” son bajos en el caso de la contaminación acústica y la minería ilegal, y que la pesca ilegal ni siquiera está penalizada en la mayoría de los Estados.
La ONUDD anima a los Gobiernos a reforzar la legislación y su aplicación para luchar con más eficacia contra la explotación criminal del medio ambiente.
“Una legislación más sólida puede contribuir a disuadir a los delincuentes potenciales y reincidentes, así como a ampliar el abanico de herramientas y recursos de investigación de las fuerzas del orden para poner fin a los delitos que afectan al medio ambiente”, subraya.
Además, advierte de la necesidad de recopilar más datos sobre estos delitos e investigar más sobre las penas aplicadas y los efectos de éstas.
Vía: EFE
