El más reciente informe de Human Rigths Watch (HRW) revela que cerca de 70 % (más de 20 millones) de los venezolanos sufre de pobreza multidimensional, entendida como la dificultad para acceder de forma adecuada “a bienes, servicios y derechos esenciales, incluyendo alimentos y medicamentos”.
HRW asegura que esto obliga a muchos a adoptar “estrategias de sobrevivencia extremas”, como estirar el presupuesto, aumentar la carga de trabajo, saltarse comidas, intercambiar sexo por alimentos o huir del país, debido “a la precariedad económica” que atraviesa el país desde hace más de una década y a la deficiente prestación de los servicios públicos, lo que ha trae una “pérdida irreversible” de los medios de vida de los afectados.
De ese número más de 14 millones de personas “enfrentan necesidades críticas”, dijo HRW, y cita a la plataforma de organizaciones de la sociedad civil HumVenezuela.
Al respecto, detallan la última estimación de la organización humanitaria venezolana Convite, que apunta que “algunos medicamentos esenciales no están disponibles en el 28,4 % de los dispensarios farmacéuticos del país, y varios de los disponibles eran inasequibles para muchos venezolanos”.
En relación a esto, HRW cifró en “alrededor de ocho millones” venezolanos dejaron su país en los últimos años, un número que dista del que ofreció el miércoles, 15 de enero, el mandatario Nicolás Maduro durante su mensaje anual a la nación, cuando apuntó que 1,5 millones emigraron como consecuencia de las sanciones económicas de Estados Unidos.
Este número de migrantes podría aumentar, refiere HRW, al recordar que un estudio de campo de agosto pasado de la encuestadora Meganálisis refirió que 43 % de los venezolanos evalúa emigrar para escapar de la crisis.
Represión y crisis tras las elecciones
El informe afirma que en Venezuela se vivió “un aumento de la represión antes de las elecciones” presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que “incluyó detenciones de miembros de la oposición, muchos de los cuales permanecen detenidos arbitrariamente”.
Además, recuerda las inhabilitaciones políticas antes de los comicios, como la que sufrió la líder opositora María Corina Machado y que HRW tachó de “arbitraria”.
Esto, se lee en el texto, hizo parte de los esfuerzos del Gobierno para “restringir aún más el espacio cívico” en Venezuela.
HRW denunció que las autoridades venezolanas respondieron “con violencia y abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios y acoso a críticos” a las manifestaciones espontáneas tras el anuncio de resultados electorales, que dieron como ganador con más de 51 % de los votos a Nicolás Maduro.
“Con frecuencia las autoridades mantuvieron a los detenidos en régimen de incomunicación durante semanas, les negaron el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y los presentaron en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración de justicia. Según algunos reportes, varias personas, incluyendo adolescentes, han sido golpeadas y sometidas a otros malos tratos mientras estaban bajo custodia”, se lee en el documento.
HRW registra los ataques a los defensores de DD. HH.
La ONG también registró “más de 592 agresiones en el primer semestre de 2024” contra los defensores de derechos humanos en Venezuela, lo que representó “un incremento del 92 % en comparación con el mismo período de 2023”.
“Desde las elecciones del 28 de julio las autoridades han cancelado los pasaportes de dirigentes políticos, críticos, defensores de los derechos humanos, y periodistas independientes, impidiéndoles salir del país. En agosto, la CIDH informó de 36 casos, aunque es probable que la cifra total sea mayor”, refiere el informe.
El texto también señala que las autoridades venezolanas “han estigmatizado, acosado y reprimido a los medios de comunicación”, al tiempo que aplican “con frecuencia” medidas de cierre con aquellos medios “que son críticos del Gobierno” del mandatario chavista Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.
“La organización de sociedad civil Espacio Público registró 507 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión ocurridas entre enero y agosto, incluyendo casos de intimidación (168), censura (101) y hostigamiento judicial (65). La mayoría de los casos se registraron en julio, en el contexto de las elecciones. En el mismo periodo, Espacio Público informó que las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 19 trabajadores de la prensa, la autoridad nacional de telecomunicaciones cerró 15 emisoras de radio, y las autoridades gubernamentales bloquearon al menos 35 páginas web de medios digitales y de ONG, plataformas web de contenidos políticos y plataformas como X, Wikipedia y la aplicación de mensajería encriptada Signal”, apunta el informe.
Con información de Crónica Uno
